El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, dictó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento inmediato a la actualización de los fondos para salarios docentes y becas estudiantiles establecidos en la Ley 27.795. La resolución judicial surge tras analizar el Decreto 759/2025, mediante el cual la gestión nacional había suspendido la ejecución de dicha norma. Según el magistrado, la medida presidencial exhibe, en una instancia preliminar, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, lo que justifica la intervención de la justicia para garantizar el financiamiento educativo.
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La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas organizaciones, con el patrocinio del constitucionalista Pablo Manili, quienes cuestionaron la constitucionalidad del decreto que frenó la aplicación de la ley a pesar de que ambas cámaras del Congreso habían ratificado su vigencia tras un veto presidencial. Al evaluar el pedido, el juez Cormick subrayó que la admisión de un amparo requiere situaciones excepcionales donde el daño sea concreto y grave, exigiendo un rigor técnico mayor al tratarse de una tutela anticipada que busca reparar el perjuicio de forma urgente.
El fallo califica la decisión como una medida innovativa de carácter excepcional, dado que implica una orden de cumplimiento inmediato que altera el estado de derecho vigente al momento de la demanda. El magistrado consideró que se encuentra acreditada la “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada”. Para fundamentar esta postura, el tribunal reconstruyó el itinerario legislativo de la Ley de Financiamiento Universitario, haciendo hincapié en que, tras la insistencia del Congreso frente al veto de Javier Milei, la normativa adquiere una fuerza legal que no puede ser eludida por disposiciones administrativas posteriores.
En su análisis jurídico, Cormick sostuvo que “la insistencia legislativa no admitiría en el prematuro análisis que permite efectuarse cautelarmente, otra solución que la efectiva aplicación de la ley que se trata”. Asimismo, descartó la posibilidad de aplicar una "variante suspensiva" sobre una norma que ha cumplido con el proceso de validación parlamentaria previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. El juez determinó que existe una “fuerte posibilidad” de que el derecho reclamado por las universidades sea legítimo, dado que el mandato legislativo impone al Estado “una prestación o actuación positiva de la autoridad pública“.
Finalmente, el fallo cuestionó el argumento central del Poder Ejecutivo, que pretendía justificar la suspensión del financiamiento basándose en el artículo 5° de la ley 24.629. Dicha norma establece que cualquier ley que disponga gastos debe prever expresamente su financiamiento, bajo riesgo de quedar suspendida hasta su inclusión en el presupuesto nacional. No obstante, el magistrado consideró improcedente que el Gobierno intente anteponer una norma de inferior jerarquía para dejar sin efecto un mandato constitucional expreso y una ley sancionada por insistencia del Poder Legislativo, ordenando así la recomposición inmediata de las partidas destinadas al sistema universitario.
