La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dictó un fallo que deja sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz.
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La norma, conocida como Ley 27.804, es complementaria de la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares.
El tribunal fue contundente. Los jueces consideraron que la suspensión original, dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos, carecía de una fundamentación sólida. No hubo una evaluación real sobre las disposiciones de la ley. Todo se basó en "meras eventualidades", según el escrito.
La medida había sido impulsada por autoridades municipales de El Calafate y legisladores nacionales. Querían frenar la norma. La Justicia les dijo que no.
Los jueces de Comodoro revocaron la cautelar que frenaba la protección de glaciares
Los camaristas fueron claros al cuestionar la legitimidad de quienes iniciaron la demanda. Señalaron que el intendente de El Calafate y los legisladores locales "no poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una provincia". Un freno a los apuros de unos pocos.
El fallo también impugnó que la resolución previa hubiera ordenado al Estado Nacional medidas con "confusas implicancias", desconociendo los límites territoriales del propio juzgado. La Justicia no convalidó el intento de boicot.
Ahora, la Ley de Glaciares vuelve a estar plenamente vigente en todo el territorio santacruceño. La decisión conlleva un respiro para las organizaciones ambientales y para quienes defienden el patrimonio natural de la región.
Los defensores de la norma celebraron la decisión. Consideran que la protección de los glaciares no puede quedar en manos de jueces que dictan medidas sin fundamento. La ley sancionada por el Congreso debe cumplirse.
El abogado del Estado destacó que el Poder Judicial tiene facultades para controlar la constitucionalidad de las normas, pero advirtió que no puede "reemplazar opciones regulatorias razonables por otras que considere, por el criterio de un juez, más prudente o más conveniente". Un mensaje directo a los magistrados que se exceden.
El gobierno de Javier Milei, que en otras áreas ya demostró poco interés por el ambiente, esta vez no tuvo más remedio que alinearse con el fallo. La Procuración del Tesoro celebró la decisión como un "respaldo al federalismo de concertación ambiental".
Nota en desarollo.
