La reforma de la Ley de Glaciares sumó este viernes un freno judicial que vuelve a poner en tensión al Gobierno y complica su avance, justo cuando la había promulgado hace algunas horas.
Un juez federal de Santa Cruz decidió suspender su aplicación y puso un límite a los cambios impulsados por el Gobierno de Milei.
La medida fue dictada por el juez Claudio Marcelo Vázquez, desde Río Gallegos, en el marco de un amparo ambiental.
En su resolución, ordenó que el Estado se abstenga de habilitar o avanzar con cualquier actividad que pueda afectar glaciares o zonas periglaciales dentro de la provincia.
Revés judicial para Milei: suspenden la reforma de glaciares en Santa Cruz
El fallo llega apenas semanas después de la aprobación de la reforma y en medio de una fuerte discusión por su impacto sobre el ambiente y las actividades productivas.
Según el magistrado, existe un “peligro en la demora”, ya que la aplicación de los cambios podría generar daños irreversibles en reservas clave de agua dulce.
Por eso, resolvió que se mantenga vigente el esquema de protección anterior hasta que haya una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma.
El punto central del debate está en la modificación del concepto de ambiente periglacial, que con la nueva norma abría la puerta a mayores desarrollos económicos en zonas antes más restringidas.
El debate de fondo
Desde el Gobierno nacional defendían la iniciativa como una forma de equilibrar inversión y cuidado ambiental, con controles y estudios de impacto.
De todasdas formasdas, distintos sectores venían advirtiendo que los cambios podían debilitar la protección de ecosistemas sensibles, especialmente en regiones donde el agua es un recurso estratégico.
El fallo también se apoya en principios constitucionales como el precautorio y el de no regresión ambiental, que obligan a evitar retrocesos en materia deUn juez federal suspendió los cambios impulsados a nivel nacional y ordenó no avanzar con actividades que puedan afectar zonas protegidas. protección.
Un juez federal suspendió los cambios impulsados a nivel nacional y ordenó no avanzar con actividades que puedan afectar zonas protegidas.
Un escenario que puede escalar
La decisión judicial se dio casi en paralelo con un movimiento político en Santa Cruz. La Legislatura provincial aprobó una ley para reforzar la protección ambiental, en lo que fue interpretado como un mensaje directo frente a la reforma nacional.
Con este antecedente, el conflicto queda abierto y no se descarta que haya presentaciones similares en otras provincias.
Por ahora, la reforma queda frenada en Santa Cruz y el tema suma un nuevo capítulo en la tensión entre desarrollo económico y cuidado del ambiente.
