La llamada Ley Hojarasca empezó a avanzar en el Congreso, pero no sin ruido.
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El oficialismo consiguió dictamen en Diputados para eliminar más de 70 leyes consideradas obsoletas, aunque en el camino dejó afuera una norma que toca directamente a los propios legisladores.
El proyecto, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, busca limpiar el sistema legal de normas viejas, duplicadas o que ya no tienen aplicación. La idea es reducir burocracia y actualizar el marco normativo.
Igualmente, en medio de esa “depuración”, el Gobierno decidió no avanzar sobre una ley que otorga a diputados y senadores un beneficio concreto: una credencial que les permite circular y estacionar sin restricciones.
Avanza la Ley Hojarasca, aunque los legisladores mantendrán un privilegio
Ese punto había sido cuestionado incluso en los fundamentos del propio proyecto, donde se lo calificaba como un privilegio incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
A pesar de esa crítica inicial, la norma finalmente quedó afuera del paquete a eliminar. La decisión no fue explicada en el debate formal, aunque en los pasillos del Congreso se habló de la necesidad de discutir el tema más adelante.
El dictamen se consiguió con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados, que reunieron las firmas necesarias en un trámite rápido en comisiones.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron tanto el contenido como el momento del debate. Algunos diputados señalaron que el listado de leyes a eliminar tiene inconsistencias y que en ciertos casos se tocan temas sensibles sin un análisis profundo.
También hubo críticas por otras normas incluidas en el proyecto, como una vinculada a la producción pública de medicamentos, que generó rechazo en algunos sectores.
Para conseguir apoyo, el oficialismo aceptó hacer cambios. Además del caso de la credencial para legisladores, se dejaron afuera otras leyes que habían generado resistencia, como una vinculada a cooperativas.
Nueva embestida de Sturzenegger: el Gobierno insiste con la "Ley de Hojarascas" para eliminar controles y normas estatales
En un nuevo intento por desmantelar el andamiaje legal que protege diversas áreas de la vida pública, el Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso la polémica “Ley de Hojarascas”.
El proyecto, redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pretende la derogación de 70 leyes nacionales bajo el eufemismo de la "modernización". Tras el fracaso de la iniciativa en 2024, el oficialismo vuelve a la carga con un texto que, detrás de la eliminación de normas curiosas o antiguas, esconde un fuerte avance sobre la capacidad de regulación del Estado y el financiamiento de instituciones democráticas.
Desfinanciamiento de municipios y ataque a la representación legislativa
Bajo el pretexto de eliminar "privilegios", el proyecto apunta directamente contra el federalismo y la labor parlamentaria. La iniciativa de Sturzenegger propone quitarle todo apoyo económico de carácter nacional a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores.
Esta medida obligaría a estas entidades a subsistir únicamente con recursos propios, debilitando los espacios de articulación entre intendencias de todo el país y la formación técnica de los representantes del pueblo. Según los fundamentos del Ejecutivo, estas leyes solo generan “cargas burocráticas o crean organismos inoperantes”, una definición que ignora la función social y política de estos organismos.
Además, el texto oficial arremete contra normativas que históricamente sirvieron de resguardo ante abusos internacionales, calificándolas de "vulneratorias de principios constitucionales". En este sentido, se propone derogar leyes que penalizan a quienes propician sanciones contra el país, una maniobra que sectores de la oposición interpretan como un guiño a intereses externos en detrimento de la soberanía nacional.
La estrategia del "absurdo" para ocultar la desregulación profunda
Para edulcorar el proyecto ante la opinión pública, el Gobierno pone el foco en la eliminación de leyes que resultan llamativas o anacrónicas, como la antigua vacunación contra la viruela, el "carnet de mochilero" de los años 70 o la prohibición de azotes.
Sin embargo, esta "limpieza" administrativa sirve de pantalla para barrer con controles fundamentales en áreas como la cultura, el transporte y la minería. El proyecto afirma de forma temeraria que la acumulación de legislación “ha sido aprovechada históricamente para bloquear actividades legítimas”, justificando así una poda masiva que deja a diversas actividades sin marcos regulatorios claros.
Entre las derogaciones propuestas se encuentran fondos de preinversión y organismos vinculados a la cultura y la industria cinematográfica. La gestión de Milei argumenta que el sorteo de premios en los cines, por ejemplo, es ineficiente porque los costos de gestión “superan el valor de los premios sorteados”, una lógica puramente economicista que ignora el fomento al consumo cultural.
