En un nuevo intento por desmantelar el andamiaje legal que protege diversas áreas de la vida pública, el Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso la polémica “Ley de Hojarascas”.
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El proyecto, redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pretende la derogación de 70 leyes nacionales bajo el eufemismo de la "modernización". Tras el fracaso de la iniciativa en 2024, el oficialismo vuelve a la carga con un texto que, detrás de la eliminación de normas curiosas o antiguas, esconde un fuerte avance sobre la capacidad de regulación del Estado y el financiamiento de instituciones democráticas.
Desfinanciamiento de municipios y ataque a la representación legislativa
Bajo el pretexto de eliminar "privilegios", el proyecto apunta directamente contra el federalismo y la labor parlamentaria. La iniciativa de Sturzenegger propone quitarle todo apoyo económico de carácter nacional a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores.
Esta medida obligaría a estas entidades a subsistir únicamente con recursos propios, debilitando los espacios de articulación entre intendencias de todo el país y la formación técnica de los representantes del pueblo. Según los fundamentos del Ejecutivo, estas leyes solo generan “cargas burocráticas o crean organismos inoperantes”, una definición que ignora la función social y política de estos organismos.
Además, el texto oficial arremete contra normativas que históricamente sirvieron de resguardo ante abusos internacionales, calificándolas de "vulneratorias de principios constitucionales". En este sentido, se propone derogar leyes que penalizan a quienes propician sanciones contra el país, una maniobra que sectores de la oposición interpretan como un guiño a intereses externos en detrimento de la soberanía nacional.
La estrategia del "absurdo" para ocultar la desregulación profunda
Para edulcorar el proyecto ante la opinión pública, el Gobierno pone el foco en la eliminación de leyes que resultan llamativas o anacrónicas, como la antigua vacunación contra la viruela, el "carnet de mochilero" de los años 70 o la prohibición de azotes.
Sin embargo, esta "limpieza" administrativa sirve de pantalla para barrer con controles fundamentales en áreas como la cultura, el transporte y la minería. El proyecto afirma de forma temeraria que la acumulación de legislación “ha sido aprovechada históricamente para bloquear actividades legítimas”, justificando así una poda masiva que deja a diversas actividades sin marcos regulatorios claros.
Entre las derogaciones propuestas se encuentran fondos de preinversión y organismos vinculados a la cultura y la industria cinematográfica. La gestión de Milei argumenta que el sorteo de premios en los cines, por ejemplo, es ineficiente porque los costos de gestión “superan el valor de los premios sorteados”, una lógica puramente economicista que ignora el fomento al consumo cultural.
Asimismo, se busca eliminar la obligatoriedad de contenidos mínimos en radio y televisión, abriendo la puerta a una mayor concentración y extranjerización de los mensajes que recibe la población argentina.
