El gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país.
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Mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por Luis Caputo, el Estado transfirió la totalidad de su participación accionaria en Citelec, la sociedad que controla Transener, al consorcio privado integrado por Genneia y Edison Energía.
La operación se cerró por unos 356 millones de dólares, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
Con este paso, el gobierno libertario concreta lo que había anunciado con la publicación del decreto 199/2025 en el Boletín Oficial, que declaró sujeta a privatización la participación estatal en Transener.
El Gobierno oficializó la privatización de Transener, la principal transportista eléctrica
Transener es la compañía que opera la red de alta tensión que transporta la electricidad desde las generadoras hasta los grandes centros de consumo.
Su control es estratégico para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Hasta ahora, el Estado tenía una participación clave en Citelec, que a su vez es accionista mayoritaria de Transener.
La venta de Transener se inscribe en el plan de desinversión del Estado que impulsa Milei, que ya incluyó la apertura del capital de Aerolíneas Argentinas y la decisión de vender las acciones de YPF.
El argumento oficial es que el sector privado puede administrar de manera más eficiente los recursos. Pero la oposición y los especialistas alertan que se trata de empresas estratégicas cuya enajenación deja al país sin herramientas de regulación y planeamiento energético.
El propio gobierno reconoce que la infraestructura de transporte eléctrico requiere inversiones millonarias para evitar colapsos.
La pregunta que queda flotando es si el consorcio privado estará dispuesto a realizarlas sin que medie una suba de tarifas o una mayor rentabilidad asegurada por el Estado.
Con esta operación, el gobierno de Milei suma un nuevo capítulo en su política de achicamiento del Estado. Para los defensores de la gestión privada, es una señal positiva que atrae inversiones.
Para los críticos, es una nueva entrega de patrimonio público a manos privadas en condiciones que, por ahora, se desconocen en detalle.
Desde el Ministerio de Economía se limitaron a anunciar la operación sin dar precisiones sobre las condiciones del contrato, las obligaciones del inversor o los plazos de pago. La falta de transparencia suma ruido a una decisión que ya genera controversia.
