El proyecto del Gobierno para desregular el mercado de tierras rurales no solo quedó en suspenso este jueves en el Senado.
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Horas después de que se cayera del temario la sesión que iba a tratar la reforma, la Unión Cívica Radical salió con un comunicado en el que expresó su rechazo a la iniciativa oficial y encendió las alarmas en la Casa Rosada.
El partido centenario, que cuenta con diez bancas en la Cámara alta y cuyos votos son clave para cualquier negociación, fue contundente.
A través de un comunicado del Comité Nacional, presidido por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, la UCR calificó la reforma como una medida que "compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".
El duro comunicado de la UCR contra el Gobierno: "Cuidando nuestras tierras"
El documento, difundido luego de que Patricia Bullrich pidiera postergar el debate hasta el 6 de agosto, fue una declaración de principios que busca marcar posición en medio de una interna que divide a los senadores radicales.
La UCR recordó que fue "pionera en la defensa de la actual legislación", sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que establece límites claros a la compra de tierras por parte de extranjeros.
"El Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos", señaló el comunicado, que también expresó preocupación por las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego incluidas en el paquete oficial.
La ley vigente y la propuesta del Gobierno
La normativa actual fija que los extranjeros no pueden ser dueños de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y en áreas que limiten con lagos o ríos.
El proyecto del Ejecutivo, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y defendido en el Senado por Patricia Bullrich, busca eliminar esas restricciones y dejar en manos de las provincias la decisión de regular o no el ingreso de capitales foráneos. Para la UCR, esa desregulación abre la puerta a la extranjerización de tierras en zonas estratégicas.
La interna radical y el escenario que viene
Sin embargo, el comunicado del Comité Nacional no necesariamente refleja el sentir de todos los senadores radicales. Hasta ahora, solo tres de ellos —Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama— manifestaron abiertamente su rechazo a los cambios.
Los otros siete, muchos de ellos alineados con gobernadores radicales afines al Gobierno, mantienen dudas y podrían terminar acompañando la iniciativa.
Esa grieta interna es la carta que el oficialismo guarda para las próximas semanas. La Casa Rosada confía en que, con el correr del receso invernal y la presión de los gobernadores, podrá sumar los votos necesarios para aprobar el proyecto en la sesión del 6 de agosto.
En la actualidad, hay alrededor de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, lo que representa el 5% del territorio nacional, y más de 30 áreas ya han superado el límite legal permitido. "Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente", enfatizaron desde la UCR.
Además, cerraron su comunicado con una frase que condensa su postura: "Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos".
El Gobierno tiene hasta el 6 de agosto para negociar. Pero el rechazo de la UCR, sumado a las críticas de otros sectores y al malestar de organizaciones productivas y ambientalistas, no augura un camino sencillo. La pulseada por la tierra, esa que en Argentina siempre fue sinónimo de poder y soberanía, recién comienza.
