Este martes, los abogados de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizaron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer las novedades respecto de la presención judicial realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, abogados defensores de la ex mandataria anunciaron que incorporaron un "nueva prueba que pone en evidencia que la sentencia es una sentencia injusta" y que se condenó a una persona inocente.
Los letrados aseguraron que cuando se la condenó se la nombró como "jefa de una asociación ilícita", pero la acusación fue sobre una base de imputaciones falsas sobre las cuales había cantidad de "3 toneladas de pruebas". Sin embargo las pruebas no daban cuenta de hecho ílícitos y no fueron la causa por la cual se la condenó.
Según explitó Beraldi, un testigo en la causa Cuadernos, donde se investiga la trama de corrupción en el kirchnerismo, aportó bajo juramento una base de datos donde se destacan los proveedores de la obra pública durante aquellos años. Y señaló que al empresario Lázaro Báez solo le correspondió el 1% de la obra pública total. El abogado dijo que el hallazgo “es monumental” porque a Cristina Kirchner se la juzgó como jefa de una supuesta asociación ilícita solo por haber firmado un decreto presidencial. El equipo de abogados de la exmandataria presentó una auditoría a cargo de Antonio Corrêa de Lacerda, economista brasileño.
“La declaración de un testigo de la causa Cuadernos convocado por la fiscalía aportó una base de datos que nos permitió hacer este hallazgo monumental: que entre 2009 al 2015 la inversión en vialidad era enorme: más de US$2000 millones. Pero a Lázaro Báez solo se le asignó el 1%. Es una prueba que tiene que ser mostrada y llevada al Comité de Naciones Unidas”, planteó el defensor. “Es falso lo que se dijo en la sentencia de que se quería beneficiaer a Lázaro Báez”.
Por otro lado afirmaron que la condena se centra y la basa sobre los fondos destinados del fideicomiso de Transporte llamado SisVial, y del decreto 54 que se trata de una norma de caracter general, que se firmó con el único fin de proveer financiamiento a obras Viales. Los abogados ofrecieron una pericia contable para demostrar que no tenían otro fin más que el establecido en la normativa. Y que el decreto no se redactó para beneficiar a ninguno de los imputados, en particular a Lázaro Báez.
Además presentaron un documento elaborado por el economista especializado Antonio Corrêa de Lacerda en donde se específica las partidas presupuestarias destinadas a las constructoras a través de transferencias internas desde enero de 2009 hasta diciembre del 2015, el período analizado por la acusación.
Allí se puede verificar fehacientemente que lo recibido por la constructora perteneciente al empresario Lázaro Báez, apenas alcanza al 1% del total, desmintiendo la acusación de plano.
Perfil de Antonio Corrêa de Lacerda
Lacerda es uno de los más reconocidos economistas brasileños contemporáneos, con una destacada trayectoria académica, institucional y de intervención en el debate público sobre el desarrollo económico de Brasil.
Es graduado y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y doctor en Ciencias Económicas por el Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas.
Es profesor doctor del Programa de Estudios de Posgrado en Economía Política de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, donde coordina el Grupo de Investigación en Desarrollo Económico y Política Económica.
Integra el Consejo Superior de Economía de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo y el Consejo Temático de Política Económica de la Confederación Nacional de la Industria, y es director del Centro Internacional Celso Furtado.
Por su amplia experiencia académica e institucional, Antonio Corrêa de Lacerda ocupa una posición destacada en el pensamiento económico brasileño y en la formulación y discusión de políticas orientadas al desarrollo económico y social del país.
