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Ludopatía: la oposición en Diputados avanza con un proyecto que trata la problemática

La Cámara baja buscará el próximo miércoles con la firma de al menos dos dictámenes para combatir la ludopatía y enfrentar las ciberapuestas, un flagelo que desde los tiempos de la pandemia viene creciendo exponencialmente en adolescentes y jóvenes con números alarmantes.

Lunes, 11 de noviembre de 2024 a las 15 56

Por Redacción

Lunes, 11 de noviembre de 2024 a las 15:56

Pese al lobby de plataformas y agencias de juegos de azar en línea, la Cámara de Diputados avanzará el próximo miércoles con la firma de al menos dos dictámenes para combatir la ludopatía y enfrentar las ciberapuestas, un flagelo que desde los tiempos de la pandemia viene creciendo exponencialmente en adolescentes y jóvenes con números alarmantes.

Cómo viene el proyecto


La iniciativa se debatirá el miércoles a las 9:30 en un plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes. 

“Espero que se pueda tratar en el recinto antes del 30 de noviembre”, manifestó la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones, Mónica Frade (Coalición Cívica), en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
La diputada opositora es consciente de que el Gobierno no tiene intenciones de dictar una prórroga de las sesiones ordinarias, con lo cual el reloj apremia y quedan pocas semanas. En el peor de los escenarios, los dictámenes quedarán listos para ser tratados en el próximo año parlamentario.


Los proyectos 

En la hoja de ruta de Frade figuraba una convocatoria al plenario de comisiones el jueves pasado, pero la cita debió bajarse de la agenda porque las titulares de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), y de Familias, Roxana Reyes (UCR), pidieron más tiempo para analizar los proyectos en asesores.

Para este miércoles, se perfilan dos proyectos de ley: uno se posiciona como candidato a ser de mayoría y es el que impulsa la Coalición Cívica (en base a un proyecto de Maximiliano Ferraro) junto a Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales sin peluca de “Democracia para Siempre”.


Por otro lado, el PRO y La Libertad Avanza firmarán un dictamen más “light” tomando como referencia un proyecto de Silvana Giudici. El bloque de la UCR que preside Rodrigo de Loredo sigue buscando la brújula después del éxodo de 13 de sus integrantes y se debatía entre firmar uno u otro dictamen.



Para el dictamen que se perfila como el de la mayoría, Frade articuló acuerdos con el vicepresidente segundo de la comisión de Prevención de Adicciones, Rogelio Iparraguire, y también con Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal. También hubo consultas permanentes con las radicales Gabriela Brouwer de Koning y Karina Banfi. La última le planteó algunas dudas a Frade y por eso no queda clara qué postura adoptará finamente el bloque de la UCR.

“Estamos analizando los dictámenes y viendo qué vamos a hacer. Todavía no tenemos una postura definida”, señaló Brouwer de Koning a Noticias Argentinas.

Por su parte, Frade reveló a Noticias Argentinas que desde la Coalición Cívica pretendían “regular también el juego en salas físicas, como bingos y casinos, pero ningún otro bloque con los que hablamos tenía voluntad".

"No tenía sentido seguir insistiendo, porque queríamos que esto saliera. Al menos vamos a hacer una buena legislación sobre juegos de azar en línea”, agregó.

Lo qué los proyectos limita 

Entre otros puntos, la iniciativa de la oposición prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etcétera. Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas o agencias de lotería. Además, el proyecto solamente autoriza las apuestas en plataformas online que tengan registrado domicilio legal en el país.

Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, quedando prohibido el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social. En cuanto al uso de billeteras, se encuentran autorizadas pero le caben lo mismos topes que el pago con tarjetas de débito. Además, se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación para dar la bienvenida e incitar al juego.

Cómo evitar las apuestas de los menores 

Para evitar el acceso de menores de edad, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.

A su vez, se exige que las plataformas y sistemas de juego en línea cumplan una serie de requisitos de juego responsable que permitan a los consumidores acceder a información cierta sobre las apuestas en las que participan, su historial de usuario, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión, posibilidad de establecer límites y alertas de tiempo y dinero y secciones de ayuda y asistencia.

Otro aspecto clave del proyecto es que crea un registro nacional de autoexclusión voluntaria, que sirve para que la persona que considera que tiene problemas con el juego pueda autoexcluirse por hasta 24 meses, y los establecimientos y plataformas online deberán hacer cumplir esta prohibición. La inscripción en este registro vale no solamente para la jurisdicción de la persona en cuestión sino para todo el país a partir de la articulación e interoperabilidad de los registros ya existentes. Las familias también podrán solicitar la inscripción de un familiar en el registro, la que se hará efectiva solo con el consentimiento voluntario de este.

El proyecto establece sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados. Por ejemplo, se incrementan las penas del articulo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.

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