El Consejo de la Magistratura activó en las últimas horas el tratamiento formal de la denuncia presentada contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
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La presentación fue realizada por los consejeros y legisladores nacionales Mariano Recalde y Vanesa Siley, ambos de Unión por la Patria, quienes cuestionaron el accionar de la magistrada en el caso que involucró la detención de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar.
En su escrito, los denunciantes sostienen que Arroyo Salgado incurrió en “manifiesta arbitrariedad” al desconocer “de manera inexcusable” el derecho, violar la Constitución Nacional y apartarse de normas legales y reglamentarias.
El expediente fue derivado al Comité de Asignación, que acordó remitirlo a la Comisión de Acusación. Allí se decidió que ese cuerpo, presidido por el senador Luis Juez, será el encargado de conducir el trámite. La comisión también está integrada por Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González, Roxana Reyes, César Grau y Alberto Maques.
A diferencia de otras instancias, Acusación tiene la facultad de elevar una propuesta de remoción al Plenario si se reúnen los elementos suficientes. De todos modos, no se descarta que el expediente pueda pasar más adelante a la Comisión de Disciplina.
En el texto presentado, Siley y Recalde señalan que la jueza “dispuso medidas que exceden notoriamente el hecho que se investiga” y que hubo un despliegue desproporcionado con “sobreactividad y espectacularidad”, acompañado por la difusión pública de los operativos en redes sociales por parte de funcionarios y dirigentes oficialistas.
Para los denunciantes, lo ocurrido constituye una desviación de la función judicial que tuvo como víctimas a las detenidas Eva Mieri y Alexia Abaigar.
Desde el Consejo explicaron que la causa continuará su trámite luego del receso judicial de invierno. En paralelo, solicitaron como medida de prueba copias certificadas del expediente 27672/2025, que aún permanece bajo secreto de sumario.
La causa judicial se inició tras una denuncia contra militantes acusadas de señalar con un pasacalle el domicilio del diputado José Luis Espert y arrojar estiércol en el lugar. Arroyo Salgado ordenó allanamientos y detenciones, entre ellas las de Abaigar, su madre y la concejal Mieri.
La Cámara Federal de San Martín revirtió parte de esas decisiones, al ordenar la excarcelación de Abaigar. La jueza acató, pero fijó una fianza de 30 millones de pesos. Tras la apelación de la defensa, el tribunal redujo la caución a 2 millones.
