La causa por presunto enriquecimiento ilícito que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en un terreno de alta sensibilidad técnica y procesal. Tras verse obligado a reformular sus presentaciones previas para justificar inconsistencias en sus consumos, el funcionario entregó a la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada correspondiente al período 2025 junto con las rectificativas de los dos años anteriores.
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Sin embargo, la presentación quedó incompleta: el ministro coordinador no entregó el anexo reservado con los bienes de su esposa, Bettina Angeletti.
Fuentes con acceso directo a la investigación judicial confirmaron que la OA ya remitió a los tribunales federales las nuevas planillas públicas del funcionario.
No obstante, la ausencia del formulario físico de su cónyuge bloquea la posibilidad de que la Justicia penal y el cuerpo de peritos contables obtengan una "fotografía completa" del patrimonio familiar, cuya composición debió ser modificada de forma drástica por Adorni en las últimas horas para intentar justificar sus flujos de gastos.
Justificaciones públicas: ahorros "en negro" y una carrera corporativa
Ante el avance del expediente penal y los interrogantes sobre la procedencia de sus recursos, Adorni ensayó una detallada defensa pública durante una entrevista televisiva en LN+. El jefe de Gabinete argumentó que la evolución económica de su hogar no puede medirse de forma aislada a través de sus ingresos personales como consultor o funcionario, sino bajo una lógica de unificación de bienes conyugales.
El descargo del ministro coordinador se estructuró sobre tres ejes centrales:
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Trayectoria en el sector privado: Adorni enfatizó que Bettina Angeletti desarrolló una carrera de entre 23 y 25 años en el ámbito corporativo y privado —aclarando que jamás ocupó un cargo en el Estado—, desempeñándose durante 15 años en puestos de rango gerencial con altas remuneraciones.
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Ahorros fuera del sistema: El funcionario admitió de forma abierta que tras contraer matrimonio decidieron fusionar sus capitales y que, durante un cuarto de siglo, mantuvieron una porción sustancial de esos fondos fuera del circuito financiero formal. En sus propias palabras, se trató de dinero acumulado “en negro” como mecanismo de resguardo frente a los vaivenes de la “vieja política”.
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El blanqueo oficial: Para regularizar la situación fiscal de esos fondos históricos, tanto el jefe de Gabinete como su esposa se inscribieron en los últimos días en el régimen simplificado de Ganancias contemplado en la recientemente sancionada Ley de Inocencia Fiscal.
La marcha atrás con la casa del country Indio Cuá
Uno de los puntos más controvertidos de las rectificaciones ministeriales gira en torno a la fastuosa propiedad familiar ubicada en el country Indio Cuá, en el norte del conurbano bonaerense.
En la declaración jurada original que Adorni había presentado ante el Congeso y las oficinas de control, el inmueble no figuraba en su listado de activos. El funcionario alegó inicialmente que la omisión obedecía a que la vivienda era de "exclusiva propiedad" de su mujer. Sin embargo, cercado por las observaciones de la fiscalía y las auditorías patrimoniales, Adorni dio marcha atrás y en su rectificativa de esta semana pasó a declarar una titularidad compartida del 50% para cada uno de los integrantes del matrimonio.
Ante los tribunales del Comodoro Py no pasó desapercibido un antecedente de idéntico comportamiento: el año pasado, el funcionario aplicó la misma estrategia de dilación, entregando el anexo reservado de Angeletti recién en abril de este año, cuando la causa por enriquecimiento ya acumulaba medidas de prueba en su contra. Solo en esa instancia tardía terminó reconociendo la adquisición de la finca en el barrio cerrado.
Qué exige la normativa de la Oficina Anticorrupción
Fuentes del entorno del jefe de Gabinete minimizaron la omisión y alegaron que el funcionario dispone de plazo legal hasta el 31 de julio para entregar la documentación faltante, fecha en la que opera el vencimiento general estipulado por la OA. Asimismo, recordaron que el ministro se manifestó públicamente “a disposición de la Justicia en lo que requiera”.
Sin embargo, la normativa que rige el Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales contradice la posibilidad de un desdoblamiento optativo del trámite. La presentación obligatoria se compone de dos piezas indivisibles:
Al no haberse depositado el sobre físico con el Formulario F-1246, la Justicia advierte que el cuadro patrimonial no puede considerarse definitivamente consolidado. En los despachos judiciales sospechan que la demora busca ganar tiempo para realizar nuevas adecuaciones y blindar la información declarada, antes de que el juez de la causa emita un requerimiento formal de justificación de origen de bienes, el paso previo a una eventual citación a indagatoria.
