Mauricio Novelli, el lobbista vinculado al gobierno de Javier Milei y uno de los impulsores de la criptomoneda LIBRA, salió a la cancha.
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Presentó un escrito ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que negó categóricamente que se haya tratado de una estafa.
Además, pidió que se excluya de la causa a los inversores que se presentaron como damnificados. Su argumento es que no pudieron demostrar haber sido víctimas de un engaño.
Según consta en el documento judicial, Novelli sostuvo que la compra de LIBRA fue voluntaria y que quienes invirtieron tenían conocimiento del mercado volátil en el que ingresaban. Agregó que los demandantes ya tenían experiencia en operaciones con criptomonedas y plataformas especializadas.
Novelli negó la estafa de LIBRA y pidió excluir a los damnificados: "No hubo engaño"
“Los inversores no actuaron bajo una falsa representación de la realidad, sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas”, argumentó el empresario en su presentación.
La defensa de Novelli también buscó despegar al Presidente de cualquier responsabilidad. Sostuvo que el tuit que Milei publicó promocionando LIBRA no fue una oferta de inversión, sino "un mensaje político" para promocionar iniciativas de índole privado. Y fue más lejos:
“Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto. No se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados”.
Para Novelli, la caída del precio de LIBRA no fue un “rugpull” (la maniobra típica de las estafas cripto, donde los creadores del token se llevan el dinero de los inversores), sino la dinámica habitual de un mercado especulativo.
“Lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso”, cerró.
Mientras la oposición pide explicaciones, el lobbista cercano al poder intenta demostrar que no hubo delito. La Justicia, ahora, deberá decidir.
