El Gobierno nacional avanzó con una nueva desregulación y resolvió desactivar los controles de calidad que durante años ordenaron la producción de yerba mate, uno de los productos más representativos del noreste argentino.
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La decisión se tomó a través de una resolución que redefine el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
El organismo, creado hace más de dos décadas, era el encargado de fiscalizar toda la cadena, desde la cosecha hasta la llegada del producto a las góndolas.
Yerba mate sin controles: el Gobierno de Milei avanzó con la desregulación del sector
Desde el Ejecutivo explicaron que el cambio busca darle mayor libertad al sector y hacerlo más competitivo.
Sin embargo, en los hechos, la medida implica que el Estado deje de supervisar aspectos centrales como la elaboración, la higiene y los controles sanitarios, requisitos que hasta ahora eran obligatorios.
Con la Resolución 146/2025, publicada en el Boletín Oficial, se derogaron normas que permitían al INYM garantizar estándares mínimos de calidad. A partir de ahora, el instituto ya no podrá intervenir de manera directa en esos procesos.
Uno de los puntos que más inquietud genera es la eliminación de la obligación de respetar los tiempos naturales de la planta.
Se habilita así la cosecha y la secanza en meses que antes estaban restringidos, como octubre y noviembre, algo que productores del sector consideran riesgoso para la calidad del producto.
También se dejaron sin efecto controles relacionados con la higiene. Ya no será obligatorio retirar hojas en mal estado u otros residuos durante la cosecha, lo que podría impactar en la composición final de la yerba.
A esto se suma la flexibilización de las normas sobre humedad y transporte, al eliminarse exigencias como el uso de bolsas especiales.
Especialistas advierten que estas condiciones pueden facilitar la aparición de hongos u otros problemas sanitarios.
Por último, se modificó el esquema de sanciones. El INYM ya no podrá inhabilitar de forma inmediata a quienes incumplan con la presentación de documentación, sino que deberá aplicar un sistema de intimaciones previas, reduciendo su poder de control sobre la actividad.
