Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, enviaron una formal y urgente presentación a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, solicitando la excusación del senador oficialista Joaquín Benegas Lynch en el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
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La presentación busca frenar su participación en el debate y la votación en la sesión de este jueves 6 de agosto, señalando la existencia de un conflicto directo entre su rol legislativo y sus emprendimientos comerciales privados.
El cuestionamiento hacia el legislador entrerriano responde a su condición de socio fundador y gerente de la firma Glocal Terra SRL, sociedad constituida en 2020 junto a su esposa, Eloísa Perea Muñoz. La empresa tiene por objeto comercial la intermediación financiera, legal y comercial para inversores extranjeros que buscan adquirir y administrar tierras rurales tanto en la Argentina como en la región (Chile, Paraguay, Uruguay y Perú).
Cuestionamientos éticos y normativos
A pesar de que el Poder Ejecutivo aceptó retirar del proyecto el capítulo específico que elevaba los topes a la venta de tierras a extranjeros, las entidades ambientalistas y del ámbito legal advirtieron que la norma mantiene reformas estructurales que afectan directamente al mercado inmobiliario rural.
Al modificar aspectos vinculados al régimen de desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, la iniciativa continúa incidiendo sobre el valor y atractivo de los inmuebles rurales, materia que constituye la actividad principal de la sociedad del senador.
En el texto enviado a la Presidencia del Cuerpo, se citan diversos marcos legales que respaldan la abstención del parlamentario:
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Ley de Ética Pública (N° 25.188): Impone la obligación de excusarse en causas comprendidas por el código procesal civil y declara la incompatibilidad de intervenir en asuntos que regulan actividades donde el funcionario presta asesoría o gestión directa.
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Constitución Nacional: Invoca el artículo 36 sobre los principios de ética pública y la prohibición del uso de la función pública para fines de lucro personal.
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Código Penal (Art. 265): Advierten que su intervención podría encuadrarse, prima facie, en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
"La legitimidad de una ley que modifica de manera profunda el régimen de propiedad, tierras y expropiaciones en la Argentina depende, en buena medida, de que el proceso que la origina esté libre de sospechas de beneficio personal", enfatizaron los firmantes en el escrito.
Los reclamos planteados ante la Presidencia de la Cámara
La nota presentada por el colectivo institucional incluye tres peticiones concretas dirigidas a la titular del Senado:
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Tramitación de impugnaciones: Dar curso inmediato a la impugnación formulada en el mismo sentido por la senadora Cristina Di Tullio.
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Exhortación a la excusación voluntaria: Solicitar formalmente a Benegas Lynch que se abstenga de votar, debatir o firmar dictámenes sobre cualquiera de los artículos de la ley.
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Constancia taquigráfica: En caso de que el legislador decida mantener su participación, se requiere que la Presidencia informe públicamente en el recinto la situación de conflicto de intereses para que conste de manera explícita en el registro taquigráfico y quede sujeta a la revisión judicial y de organismos de ética.
El documento lleva la firma de entidades con amplia trayectoria en la materia:
● Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
● Asociación Gremial de Computación (AGC)
● Asuntos del Sur
● Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial
● Centro de Estudios Para la Ciudad
● Géneras Asociación Civil
● Salus Terrae
● Taler Ecologista
● The Common Initiative - Argentina
● Transnational Institute (TNI)
● Fundación Ambiente y Recursos Naturales
