El presidente de la Nación, Mauricio Macri, autorizó un polémico decreto que brindará una estabilidad para funcionarios jerárquicos que cumplan la función de directores generales por cinco años más.
Además, asegura que en el caso que se quiera removerlos, el Estado estará obligado a pagar una indemnización equivalente a los sueldos que le correspondan desde dicho período hasta el año 2020, monto que podría superar las decenas de millones de pesos.
El decreto corresponde al número 788/19 y, bajo la firma de Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, busca perpetuar a su personal jerárquico a 14 días de abandonar el Estado, en contrapartida a sus decisiones en los últimos cuatro años donde devaluaron el poder adquisitivo de los trabajadores estatales en casi un 35% y donde cerraron áreas de trabajo y realizaron despidos arbitrarios en todas las oficinas públicas.
Desde el gremio ATE Capital, al igual que los abogados del Estado, fueron tajantes con la decisión que, según advirtieron, condicionará a la próxima gestión del presidente electo Alberto Fernández.
