Más de una centena de profesores, juristas y catedráticos de universidades de América Latina y Europa emitieron un extenso comunicado de repudio ante la decisión de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) de Lima de conceder el título de Doctor Honoris Causa al presidente argentino Javier Milei.
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La distinción, otorgada el pasado 28 de julio en el auditorio de la Facultad de Derecho de la institución peruana en el marco de una visita diplomática, generó un fuerte rechazo en la comunidad académica internacional, que exigió formalmente al Consejo Universitario y a la Asamblea Universitaria que dejen sin efecto el reconocimiento de forma inmediata.
La argumentación de la USMP para conceder el título se basó en el pretendido compromiso del mandatario con el "fortalecimiento de la libertad económica y social", así como en su contribución a la modernización de la estructura estatal. Sin embargo, los académicos firmantes advirtieron que un galardón de este carácter no representa una mera atención protocolar o cortesía diplomática, sino una declaración pública sobre la escala de valores éticos e institucionales que la casa de estudios decide adoptar, la cual —sostienen— contradice la propia tradición jurídica de la universidad peruana.
Devolución de títulos, boicot académico y denuncias por desfinanciamiento educativo
El descontento docente escaló hacia medidas concretas de protesta e impacto institucional directo dentro del circuito universitario regional:
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Devolución de distinciones: El exjuez de la Corte Suprema argentina Eugenio Raúl Zaffaroni, quien había sido investido con el mismo Doctorado Honoris Causa por la USMP en el año 2009, anunció la devolución formal de su título en señal de protesta y rechazo explícito a la premiación del mandatario argentino.
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Suspensión de actividades: Los firmantes hicieron pública la decisión de congelar su participación en eventos, seminarios y actividades académicas organizadas por la USMP mientras se mantenga vigente el título honorífico a Milei.
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Llamado a redes de ciencias penales: Convocaron a asociaciones, institutos y redes de derecho y ciencias penales de Iberoamérica a revisar y suspender sus convenios e intercambios institucionales con la universidad limeña, aclarando que el repudio se dirige a la cúpula directiva y no a sus estudiantes o graduados.
El documento fundamenta la contradicción de la entrega del título detallando el impacto de la política presupuestaria del gobierno argentino sobre la educación superior pública.
Entre los puntos señalados se destaca el veto presidencial a la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, así como la subejecución presupuestaria registrada durante los primeros cuatro meses de 2026, período en el cual solo se ejecutó el 9,3% de los fondos asignados a los hospitales universitarios. Este panorama de recortes en el sector educativo desencadenó cuatro marchas federales universitarias masivas desde el inicio de la gestión.
Cuestionamientos al indicador industrial, el empleo y la política de seguridad
Más allá de la esfera universitaria, el pronunciamiento de la comunidad académica internacional incluyó un duro diagnóstico sobre las consecuencias socioeconómicas del programa económico libertario y el accionar de las fuerzas de seguridad en la Argentina.
En materia productiva y laboral, la declaración citó datos de deterioro del tejido industrial, señalando que desde la asunción de Milei se registró el cierre de más de 28.000 empresas y la pérdida de 341.396 puestos de trabajo formal registrado hasta julio de 2026. Asimismo, en el plano institucional, los catedráticos repudiaron la doctrina de seguridad gubernamental articulada a través del denominado "protocolo antipiquetes". En ese apartado, hicieron especial mención a episodios de violencia estatal y represión en protestas sociales, recordando el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió heridas de gravedad durante el despliegue policial en una movilización ocurrida en marzo de 2025.
