Revés para el Gobierno en el Senado: retiraron el capítulo de la Ley de Tierras ante la falta de votos

Tras intensas negociaciones lideradas por Patricia Bullrich y ante el rechazo de gobernadores y bloques aliados, el oficialismo dio marcha atrás con el Capítulo III, que buscaba elevar del 15% al 25% el tope de extranjerización de tierras rurales.

Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 16 25

Por Redacción

Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 16:25

Ante la falta de votos y la firme oposición de mandatarios provinciales y bloques aliados, el oficialismo decidió retirar el Capítulo III —referido al régimen de tierras rurales y la adquisición por parte de capitales extranjeros— del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La negociación, conducida por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, evitó que la iniciativa completa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fuera devuelta a comisión.

Pese a la modificación del texto original, la Cámara alta mantendrá la sesión para debatir el resto del articulado, el cual contempla reformas a los regímenes de expropiaciones, desalojos, Manejo del Fuego y modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

Negociaciones, resistencia de gobernadores y comunicado del bloque

La marcha atrás de la administración nacional se concretó tras una serie de reuniones de articulación legislativa donde los bloques dialoguistas condicionaron el quórum y el tratamiento en el recinto a la quita de la cláusula sobre venta de tierras. En el frente de rechazo convergieron senadores de la oposición y gobernadores como Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).

A través de un comunicado emitido por el espacio parlamentario de 44 senadores —que agrupa a La Libertad Avanza, UCR, PRO, La Neuquinidad, Provincias Unidas, Primero los Salteños y otras bancadas provinciales—, la conducción del bloque oficialista precisó:

"Se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales (...) La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor level de consenso. La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes".

Respecto del temario que sí se debatirá en el recinto, el documento oficial detalló: "Se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la ley el día de mañana, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio".

Los puntos centrales del capítulo excluido sobre la Ley de Tierras

El texto del Capítulo III, que el Gobierno busca reescribir para volver a presentar en el futuro, introducía cambios estructurales respecto de la normativa vigente:

  • Tope de extranjerización: Elevaba del 15% al 25% el límite máximo de tierras rurales que pueden pertenecer a personas humanas o jurídicas extranjeras en el territorio de cada provincia.

  • Zonas de frontera: Exigía la doble autorización de la provincia respectiva y del Poder Ejecutivo Nacional para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

  • Dominio originario: Ratificaba la jurisdicción de las provincias y el dominio originario sobre sus recursos naturales (Arts. 121 y 124 de la Constitución Nacional).

  • Restricciones a Estados extranjeros: Prohibía la compra directa o indirecta de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización expresa de la provincia y del Ejecutivo nacional (potestad delegable únicamente hasta el rango de Secretario de Estado).

  • Registro y transparencia: Imponía la obligación de inscribir toda compra en el registro inmobiliario provincial especificando la nacionalidad del adquirente y adjuntando las autorizaciones correspondientes en caso de participación estatal.

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