Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, luego de publicar en redes sociales imágenes de disturbios acompañadas por la frase “Así los universitarios reclaman sus derechos”. El mensaje fue difundido el 15 de octubre, en el contexto de la reciente Marcha Federal Universitaria, y generó cuestionamientos por asociar las manifestaciones con episodios violentos.
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La presentación judicial contra la actual ministra de Seguridad de la Nación fue realizada ante los tribunales federales de Comodoro Py por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano. Los denunciantes sostuvieron que la funcionaria vinculó de manera “generalizada, arbitraria y temeraria” los reclamos por el financiamiento de las universidades públicas con hechos delictivos atribuidos a personas que, según señalaron, no fueron identificadas. Consideraron que esa expresión estigmatiza al conjunto de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios.
Los letrados solicitaron que se investigue si la conducta de Monteoliva encuadra en el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el artículo 212 del Código Penal, referido a la incitación a la violencia colectiva, y el artículo 248, vinculado con el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. También citaron normas de ética pública y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar que las declaraciones de funcionarios deben evaluarse considerando su responsabilidad institucional y el impacto que pueden generar sobre determinados sectores sociales.
En la denuncia, los abogados presentaron una captura de pantalla de la publicación y pidieron preservar las pruebas digitales mediante una constatación notarial o un peritaje informático. Además, requirieron que se oficie a la empresa X Corp. para obtener información sobre la titularidad de la cuenta, los registros de acceso y las direcciones IP relacionadas con el mensaje. Los denunciantes, quienes se identificaron como graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires, también solicitaron ser reconocidos como víctimas en los términos de la Ley 27.372.
Tras el correspondiente sorteo, la denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. Los presentantes solicitaron su ratificación y la adopción de medidas urgentes para evitar posibles modificaciones o eliminaciones de los registros digitales. Ahora será la Justicia la encargada de evaluar los hechos denunciados y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal contra la ministra.
