La situación de las rutas nacionales en Santa Fe llegó a la Justicia. La senadora provincial Leticia Di Gregorio, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, impulsó un recurso de amparo contra el Gobierno nacional y Vialidad Nacional para exigir la reparación de las rutas 7, 8 y 33, tres corredores fundamentales para el sur de la provincia.
En una entrevista con Javier “El Profe” Romero en Algo salió mal, en el stream de Data Diario, la legisladora describió un escenario crítico y sostuvo que las rutas de la zona se encuentran “destruidas, abandonadas”, con falta de señalización, pozos y sectores deteriorados.
La Justicia Federal finalmente hizo lugar al reclamo y dictó una sentencia definitiva que ordena al Estado nacional reparar de manera inmediata y urgente las rutas cuestionadas. Según explicó Di Gregorio, la obligación deberá ser cumplida directamente por el Estado o a través de Vialidad Nacional y de las empresas adjudicatarias de los distintos tramos.
“Todos los días es una ruleta rusa”
Di Gregorio, que representa al departamento General López, explicó que el deterioro de las rutas tiene un impacto cotidiano sobre miles de personas.
“No una vez cada tanto cuando vacacionás, todos los días”, remarcó al describir los desplazamientos que realizan los habitantes de la región para trabajar, estudiar, atenderse en hospitales o participar de actividades deportivas.
La legisladora fue particularmente contundente al referirse a las condiciones de circulación: “Todos los días es una ruleta rusa realmente”.
El problema adquiere además una dimensión productiva. Según señaló, durante las épocas de cosecha circulan por la Ruta Nacional 33 alrededor de 15.000 camiones diarios, convirtiendo a ese corredor en una vía estratégica para el traslado de la producción agropecuaria.
La falta de mantenimiento no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que también genera mayores costos logísticos. Los vehículos sufren roturas, los tiempos de traslado aumentan y las dificultades terminan impactando sobre toda la cadena productiva.
“Si queremos un país donde la producción sea el motor que mueva todo, no lo estamos haciendo con las vías intransitables”, sostuvo la senadora.
El reclamo por los fondos de los combustibles
Uno de los principales ejes de la denuncia de Di Gregorio apunta al destino de los recursos que se recaudan a través de los impuestos vinculados con los combustibles.
La senadora afirmó que Santa Fe realizó un aporte de 480.000 millones de pesos a ese impuesto en un año que durante la entrevista no pudo precisar con exactitud, y cuestionó que no se haya traducido en obras sobre las rutas de la provincia.
“No hay una sola ruta arreglada”, aseguró.
Di Gregorio también planteó una discusión sobre el carácter federal de la distribución de los recursos. Según explicó, el reclamo del interior es que los impuestos recaudados en las provincias deberían traducirse en obras e infraestructura en esos territorios.
“Cada vez que cargamos nafta pagamos el 16% de cada ticket”, sostuvo, y agregó que, según su planteo, de un ticket de 100.000 pesos, 16.000 pesos tendrían como destino recursos nacionales que luego no regresarían a Santa Fe en forma de obras viales.
Un fallo que obliga al Estado a actuar
El amparo había sido presentado el año pasado y atravesó distintas instancias antes de llegar a la sentencia definitiva.
Según relató la legisladora, durante el proceso hubo intercambios con Vialidad Nacional en los que se argumentó que no existían recursos suficientes para afrontar las reparaciones.
La resolución judicial modificó ese escenario. Di Gregorio destacó que ya no se trata solamente de un reclamo político o administrativo, sino de una orden judicial de cumplimiento obligatorio.
“Nosotros ahora creemos que lo van a tener que cumplir porque es una orden judicial”, señaló. Y advirtió que un eventual incumplimiento podría derivar en multas u otras medidas contra los funcionarios responsables.
El objetivo es que se intervengan los tres corredores nacionales que atraviesan el departamento General López: las rutas 33, 8 y 7.
La discusión por las rutas concesionadas
El debate sobre el deterioro de la infraestructura se cruza además con el proceso de concesión de distintos corredores viales impulsado por el Gobierno nacional.
Durante la entrevista se planteó el interrogante sobre una eventual duplicación del costo para los usuarios: por un lado, los impuestos incluidos en el precio de los combustibles y, por otro, los peajes que podrían cobrarse en las rutas concesionadas.
Di Gregorio señaló que en algunas rutas esa situación ya existe y planteó otro interrogante: qué ocurrirá con los recursos del impuesto a los combustibles cuando una ruta pase a estar concesionada.
Según explicó, durante una audiencia pública formuló esa pregunta y no obtuvo una respuesta concreta. También señaló que en los pliegos de las concesiones se establece que el Estado no aportará recursos adicionales una vez adjudicados los corredores.
“El reclamo ya es generalizado”
La senadora también evaluó el impacto político que tiene el deterioro de las rutas en una provincia donde el Gobierno de Javier Milei obtuvo un importante respaldo electoral.
Según Di Gregorio, la discusión dejó de ser solamente partidaria y se transformó en un “reclamo generalizado”, porque las rutas son utilizadas diariamente por trabajadores, estudiantes, productores, transportistas y familias.
La legisladora reconoció que la infraestructura vial santafesina arrastra problemas de larga data y recordó que distintos gobiernos prometieron avanzar con la autopista Rosario-Rufino sin que hasta ahora se haya concretado la obra.
Sin embargo, marcó una diferencia respecto del período actual: durante los últimos dos años, sostuvo, ni siquiera se habría realizado el mantenimiento mínimo de las rutas, al punto de que “ni siquiera se ha hecho el mantenimiento mínimo de cortar el pasto”.
El costo de dejar caer las rutas
El deterioro de las rutas también tiene consecuencias que exceden la seguridad vial. La falta de mantenimiento afecta al transporte de mercancías, encarece los viajes y puede paralizar corredores estratégicos ante accidentes o vehículos que quedan atravesados.
Di Gregorio mencionó como ejemplo el funcionamiento de la Ruta 33, donde, según su relato, ante un accidente o un camión detenido no existe un servicio vial suficiente para liberar rápidamente la calzada. En esas situaciones, explicó, terminan interviniendo bomberos voluntarios o autoridades municipales.
La senadora también vinculó el problema con el estado de otros corredores nacionales. Durante la entrevista se mencionó la situación del paso internacional hacia Chile, donde la falta de insumos para despejar la nieve puede impedir la circulación de turistas, vecinos y vehículos vinculados con la actividad productiva.
Para Di Gregorio, el supuesto ahorro derivado de no realizar obras de mantenimiento puede terminar generando un costo mayor: reparar las rutas cuando el deterioro ya es extremo resulta más caro que sostenerlas en condiciones transitables.
El fallo judicial abre ahora una nueva etapa. La expectativa de la legisladora santafesina es que el Estado nacional cumpla con la resolución y avance finalmente con la reparación de las rutas 7, 8 y 33, en una provincia donde el deterioro de la infraestructura vial ya se convirtió en un reclamo que atraviesa a distintos sectores de la sociedad.
