Luego del allanamiento a una lujosa mansión en la localidad bonaerense de Pilar atribuida a Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia —tesorero y presidente de la AFA—, la Sala I de la Cámara Federal resolvió que la causa deje de tramitar en el Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Penal Económico N.º 10, que conduce Marcelo Aguinsky. En su fallo, el tribunal sostuvo que, hasta el momento, no surgen elementos concretos que permitan inferir la existencia de maniobras de lavado de dinero.
No hubo indicios concretos de lavado de activos, según el fallo
“La denuncia que da origen a estas actuaciones se motiva en supuestas maniobras de lavado de activos de origen ilícito que habrían sido llevadas a cabo por Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte”, señala la resolución. Según los denunciantes, a través de una sociedad denominada Real Central S.R.L., ambas personas habrían adquirido el inmueble “sin respaldo económico suficiente”.
Sin embargo, los camaristas remarcaron que, de la lectura del expediente, no se desprenden por ahora particularidades concretas que permitan sostener la hipótesis de lavado de activos. Aun así, aclararon que la investigación continuará, aunque bajo la órbita del fuero Penal Económico.
La Cámara apartó a Rafecas y cambió el fuero de la causa
En ese sentido, el fallo explica que el juez Daniel Rafecas se declaró incompetente en razón de la materia y concluyó que corresponde que sea el fuero Penal Económico el que continúe interviniendo en las actuaciones. La decisión implica un cambio sustancial en el encuadre de la causa y le quita sustento a la acusación de lavado de dinero que había motivado el inicio del expediente en el fuero federal.
La causa fue impulsada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe. La denuncia apuntó a la adquisición de una extensa y lujosa propiedad en Pilar, cuya compra se habría concretado a fines de mayo del año pasado mediante la firma Real Central S.R.L. El predio en cuestión supera los 105 mil metros cuadrados.
El argumento clave: no hay delito federal ni fondos públicos involucrados
El expediente se centra en Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados por los denunciantes como presuntos testaferros de Claudio Tapia. No obstante, el propio Rafecas sostuvo que la maniobra denunciada tiene una naturaleza “eminentemente económica y financiera” y que no se describe un delito precedente que sea claramente de competencia federal.
En una resolución de 13 páginas, el magistrado citó jurisprudencia para fundamentar que la investigación por un eventual delito de lavado de activos corresponde al fuero Penal Económico, al no encontrarse involucrados funcionarios nacionales o federales ni comprometidos fondos públicos nacionales.
Con esta definición de la Cámara Federal, la causa cambia de carril y pierde fuerza la acusación de lavado de dinero que había sido utilizada para instalar una fuerte ofensiva judicial y mediática contra Toviggino y la conducción de la AFA. La investigación seguirá su curso, pero ya sin el respaldo de la hipótesis más grave que sostenía la denuncia original.
