¿Nos dejarían abrir una oficina así en Washington? Pensémoslo un segundo. Una oficina del Estado argentino, con base en la capital de los Estados Unidos, que capacite a sus fiscales, intercambie inteligencia criminal con sus policías y haga operativos conjuntos en su territorio. La respuesta es obvia. Allá sería delito. Acá lo llaman “socios estratégicos”.
Lo que anunció el Gobierno
El 5 de octubre, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, conocida como INL, tendrá una unidad regional con base en la Argentina. Desde acá va a operar hacia el resto de Latinoamérica. Llega con USD 7,5 millones para proyectos en el país y otros 5,85 millones para programas regionales.
El propio Ministerio describió lo que viene: intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica y “trabajo operativo conjunto”. El anuncio lo compartió con el jefe de la DEA, Terry Cole. Y la ministra cerró su mensaje con dos palabras: “Ley y orden”. Es el eslogan de Donald Trump, textual.
Lo digo con claridad: la ley y el orden de un país son asuntos internos. Que los financie, los capacite y los oriente otro Estado es intromisión, aunque llegue invitada. Y que un gobierno lo presente como un logro dice mucho más del gobierno que de la oficina.
Siete millones y medio
El Gobierno celebra que la cifra “multiplica por diez” la cooperación anterior. Hagamos la cuenta al revés: si 7,5 millones son diez veces más, lo que había antes rondaba los 750.000 dólares. Es una suma chica. Y a cambio de esa suma, la Argentina se ofrece como plataforma regional de la política de seguridad de otro país.
No es una inversión. Es una cesión barata.
El organigrama real
El problema no es una oficina. El problema es el mapa completo, área por área.
La economía la audita el FMI. Le debemos USD 59.147 millones, el 35% de todo lo que el Fondo presta en el mundo. Ucrania, un país en guerra, debe cuatro veces menos. Cada meta fiscal se rinde ante sus técnicos. En 2018, con Macri, el Fondo llegó a instalar su oficina en el tercer piso del Banco Central.
El Tesoro de los Estados Unidos también tiene su casillero. En octubre de 2025, Scott Bessent anunció un swap de USD 20.000 millones, y días después Trump lo condicionó al resultado electoral de La Libertad Avanza. El diputado Maximiliano Ferraro, que no es kirchnerista, lo llamó “un acto flagrante de extorsión contra la Nación”.
La seguridad habla con acento. En agosto, la DEA hizo en Buenos Aires, por primera vez, su conferencia mundial antidrogas, y su jefe dijo que la Argentina era “un modelo para la región”. Dos meses después llega INL.
La justicia se entrena afuera. En mayo, INL coorganizó jornadas sobre crimen organizado para más de 40 jueces, fiscales y funcionarios federales. Quien capacita a los fiscales también enseña qué se investiga primero y con qué criterio.
La defensa se negocia sin el Congreso. En abril de 2024, junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, Milei anunció en Ushuaia una base naval “conjunta” con los Estados Unidos. Su vocero dijo que convertía a ambos países en “la puerta de entrada” a la Antártida. Más tarde, Defensa le aseguró al Congreso que no hay ningún acuerdo con Washington, pero el ofrecimiento ya estaba hecho. Después, el Decreto 697/2025 habilitó el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses sin el aval que exige la Constitución. Y en septiembre, mientras crecía la tensión por Malvinas, marines del Comando Sur entrenaron en Ushuaia.
Los recursos ya tienen dueño. El 23 de septiembre, el banco estatal de exportaciones de los Estados Unidos, EXIM, firmó con la Argentina un marco de hasta USD 7.000 millones para minerales críticos, energía, redes digitales y tecnología espacial, “alineado” con las cadenas de suministro norteamericanas.
Primero los recursos, después la custodia
Pongamos las piezas juntas. Primero llega el financiamiento para los minerales críticos y la energía. Después llega el aparato de seguridad que los custodia. Y para que ese aparato funcione, se capacita a los jueces, se forma a los policías y se habilita a las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad interior, como propone el proyecto de “Soberanía Nacional”.
No tengo un documento firmado que diga “esto es un protectorado”. No lo voy a tener nunca, porque estas cosas no se confiesan. Lo que tengo son los hechos, uno detrás de otro, y una historia que conozco. La lectura es mía y la firmo: esto no es cooperación entre iguales. Es tutela.
Ya vimos esta película
En los años sesenta y setenta, la Doctrina de Seguridad Nacional también llegó como cooperación. Los oficiales se formaban en la Escuela de las Américas, el enemigo lo definía Washington y las armas apuntaban hacia adentro, contra la propia población. Hoy el enemigo se llama “narcoterrorismo”, pero el esquema es el mismo: la metrópoli nombra la amenaza, pone la plata y la doctrina, y las fuerzas locales ejecutan.
La paradoja es que todo esto ocurre mientras el Gobierno manda al Congreso una ley que dice defender la soberanía. Agustín Rossi la llamó “una trampa”. Esteban Paulón advirtió que es “un riesgo para la democracia”. Agustina Propato señaló la contradicción con la presencia militar extranjera en Tierra del Fuego. Tienen razón. Una ley de soberanía que militariza hacia adentro, mientras se abren las puertas hacia afuera, no defiende nada.
La llave y la puerta
En 1810 dejamos de ser un virreinato. Nos costó una guerra de independencia. En 2026 no hace falta ninguna invasión: alcanza con entregar las llaves, una por una, y llamarlo alineamiento.
Economía, seguridad, justicia, defensa y recursos naturales. A nosotros nos dejaron Deportes y Recreación. Por ahora.
La soberanía no se declama. Se ejerce.
