El gobierno de Tierra del Fuego llevó este miércoles a la Justicia Federal la intervención nacional del puerto de Ushuaia y presentó una demanda por inconstitucionalidad. La administración provincial solicitó una cautelar para el inmediato cese de la intervención prevista para los próximos doce meses, luego de que el Gobierno Nacional afirmara que detectó “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones. El mandatario provincial, Gustavo Melella, calificó la medida como un “acto irresponsable”.
La demanda, redactada por el secretario legal Emiliano Fossatto, ataca la resolución 4/2026 del Ministerio de Economía, argumentando que la norma “usurpa competencias locales, vulnera la autonomía provincial y arrebata de forma ilelegítima la administración de recursos económicos propios”. Para el gobierno fueguino, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), bajo el mando de Iñaki Arreseygor, está ejecutando una “intervención federal indirecta o encubierta” al evitar el paso obligatorio por el Congreso de la Nación.
El argumento del Gobierno Nacional: ¿Deterioro o Auditoría?
Desde Balcarce 50, la justificación de la intervención se basa en un informe técnico que concluyó que el puerto presentaba un “deterioro significativo en sectores estructurales” y un incumplimiento de estándares internacionales de seguridad.
La denuncia más fuerte apunta a la billetera portuaria: la Nación asegura que Ushuaia “destinó un 33% de su presupuesto a subvenciones y solo un 1,3% para la ejecución de obras”, lo que comprometería la operatividad futura.
Melella respondió con dureza en sus redes sociales, asegurando que los argumentos son falsos y que se trata de un atropello al federalismo: “No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado”. La provincia advierte que la ANPyN ha creado un esquema de recaudación paralelo que centraliza el dinero en cuentas nacionales, lo que “sustrae recursos del circuito presupuestario fueguino” y los quita del control del Tribunal de Cuentas local.
Un caso testigo para el Federalismo Argentino
La presentación judicial busca que la cautelar evite un “daño institucional grave e irreparable”. El equipo legal de Tierra del Fuego sostiene que el Gobierno Nacional desconoció el Convenio de transferencia donde “le transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la provincia”.
Para la gobernación, esta disputa trasciende lo local y se erige como un “caso testigo para la defensa del sistema federal argentino”, recordando que las provincias conservan todos los poderes no delegados expresamente. La resolución de la Justicia Federal ante este pedido de inconstitucionalidad marcará el límite del poder central sobre las cajas y los recursos estratégicos provinciales en el esquema político de 2026.
