Este viernes, la Justicia citó a indagatoria a Mauricio Macri y le prohibió la salida del país en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el ARA San Juan. Actualmente, el exmandatario se encuentra en Estados Unidos.

La decisión fue tomada por el juez de Dolores, Martín Bava, subrogante del juez Alejo Ramos Padilla. En esa jurisdicción se abrió la causa para investigar si desde el Gobierno de Macri buscaron monitorear los movimientos de los familiares de las víctimas a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre fines de 2016 y diciembre de 2017.

En esa misma resolución, el juez dictó el procesamiento de quienes fueron cabezas de la AFI en ese entonces, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de varios funcionarios y agentes que habían sido indagados.

Urgente: la Justicia citó a indagatoria a Mauricio Macri y le prohibió la salida del país por la causa ARA San Juan

Al exdirector y vicedirectora de la Agencia se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

En la resolución, el juez indica: "Esa producción de inteligencia ilegal no pudo deberse a una concatenación de “extralimitaciones” sino a una directiva precisa emanada de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Este accionar no puede ser admisible y es deber del Poder Judicial sancionar, no sólo por imperativo legal, sino como garantía de no repetición de estas prácticas aberrantes".

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