El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe cuestionó el proyecto de ley de seguridad impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar libertades individuales, garantías constitucionales y la división de poderes. La iniciativa, denominada Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, se encuentra en discusión legislativa.
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La posición fue presentada este miércoles en una conferencia encabezada por la presidenta de la entidad, Balbina Cavalieri, junto con Néstor Oroño, Ignacio Alfonso Garrone, Alejandro Otte y Federico Kiener. “Queremos vivir y estar seguros, pero no a costa de la vulneración de los derechos de las personas”, sostuvo Cavalieri. La institución ya había llevado sus objeciones a una comisión de la Cámara de Diputados.
Cuestionamientos a las facultades policiales y fiscales
Oroño advirtió sobre una posible transferencia de atribuciones de los jueces hacia organismos administrativos, policiales y fiscales. Cuestionó especialmente las zonas de intervención policial exclusiva, porque, según su interpretación, podrían colocar bajo sospecha a personas por vivir en determinados barrios. También objetó la posibilidad de traslados y demoras policiales de hasta 48 horas.
El pronunciamiento institucional incluyó reparos a disposiciones que, según el Colegio, permitirían interrogar a detenidos sin su abogado, realizar allanamientos y restringir la libertad por decisión fiscal sin control judicial previo. Los profesionales sostienen que esas herramientas entrarían en conflicto con garantías constitucionales; se trata de sus objeciones al proyecto, no de una declaración judicial de inconstitucionalidad.
El derecho de defensa, en el centro del reclamo
Garrone, presidente del Instituto de Derecho Penal, cuestionó el procedimiento por decreto fiscal y las condenas sumarias contempladas en la iniciativa. Advirtió que acelerar los procesos sin garantías suficientes también podría perjudicar a las víctimas. Otte, por su parte, reclamó preservar la posibilidad de discutir las medidas ante un juez y alertó que el alcance de las nuevas facultades podría extenderse a cualquier ciudadano.
Kiener respaldó el planteo y negó que respondiera a intereses partidarios o corporativos. “Lo que estamos marcando es el límite en el juego democrático”, expresó. Los representantes remarcaron que su defensa de las garantías comprende tanto a quienes cuentan con abogados particulares como a quienes reciben asistencia pública.
Un pedido de debate antes de la votación
Mientras Pullaro defendió la necesidad de nuevas leyes para fortalecer su política de seguridad durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario, el Colegio pidió a los legisladores un análisis profundo de las consecuencias institucionales del paquete. La entidad se puso a disposición para colaborar en herramientas contra el delito que preserven los derechos y las garantías de las personas sometidas a un proceso penal.
