El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe informó nuevos avances en la causa por defraudación en la Policía de Rosario, que investiga irregularidades en el uso de fondos públicos destinados al abastecimiento de combustibles. Este jueves fueron detenidos nueve exfuncionarios policiales, entre ellos el exjefe de la Unidad Regional II (URII), tras 11 allanamientos realizados por la Unidad Especial de Asuntos Internos, bajo la coordinación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
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El ministro Pablo Cococcioni, junto al fiscal regional Matías Merlo y al fiscal José Luis Caterina, brindaron detalles de los procedimientos en una conferencia realizada en Rosario. El funcionario destacó que se trata de una causa “de prioridad máxima, porque involucra el uso de recursos que los santafesinos aportan para garantizar la seguridad pública”.
Cococcioni confirmó además que finalizó la intervención sobre la URII, iniciada seis meses atrás, y que la auditoría logística y administrativa realizada por la Secretaría de Coordinación Técnica permitió detectar graves irregularidades y generar ahorros mensuales de más de 25 millones de pesos en consumo de combustible. “Este trabajo nos permitió prevenir nuevas maniobras y avanzar hacia una policía más transparente”, subrayó el ministro, quien también anunció que en los próximos días se nombrará una nueva conducción policial en Rosario.
Por su parte, el fiscal Merlo precisó que los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y que forman parte de una investigación iniciada en marzo, en la que ya había imputados. Caterina agregó que los nuevos detenidos son jefes y exjefes de diversas divisiones policiales, entre ellas Caballería, Perros, Comando Radioeléctrico y Brigada Motorizada, y adelantó que en los próximos días se realizará la audiencia imputativa.
Las autoridades provinciales destacaron que este proceso forma parte de una política sostenida de control interno y saneamiento institucional, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, con el objetivo de recuperar la confianza pública en las fuerzas de seguridad.
