El Gobierno de Santa Fe lanzó un paquete de medidas para asistir a las zonas afectadas por la emergencia hídrica, que incluye líneas de crédito por $17.960 millones, asistencia directa y obras de infraestructura. El anuncio fue realizado por la vocera provincial, Virginia Coudannes.
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En paralelo, se oficializó la emergencia agropecuaria en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, con el objetivo de acompañar a los productores impactados por las lluvias y sostener la actividad económica en la región.
Las herramientas financieras están dirigidas a productores y cooperativas y se implementan a través del Nuevo Banco de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Incluyen plazos de hasta 36 meses, períodos de gracia y una tasa del 20% anual subsidiada por la Provincia.
En detalle, se dispusieron $4.000 millones para capital de trabajo —con hasta $100 millones por beneficiario— y $5.000 millones para inversiones productivas, con un tope de $400 millones por solicitante. Además, se suma una línea de $690 millones para cooperativas eléctricas, destinada a sostener la infraestructura energética en las zonas afectadas.
En el territorio, la Provincia mantiene un operativo integral, especialmente en el norte santafesino. En localidades como Villa Minetti, equipos de distintas áreas llevan adelante tareas de prevención sanitaria, vacunación y asistencia social. Según informaron, ya se relevaron más de 300 viviendas y se asistió a más de 700 personas.
El dispositivo incluye la entrega de alimentos, colchones, frazadas y kits de limpieza, en coordinación con municipios y referentes locales, con el objetivo de acompañar a las familias afectadas por el temporal.
En materia de infraestructura, el Gobierno provincial ejecuta más de 260 obras hídricas en todo el territorio, con intervenciones en canales, desagües, terraplenes y alcantarillas para mitigar el impacto de eventos climáticos extremos y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras contingencias.
Desde la Provincia señalaron que el conjunto de medidas apunta no solo a atender la emergencia actual, sino también a fortalecer la resiliencia productiva y social frente a un escenario climático cada vez más desafiante.
