El Gobierno de Santa Fe trasladó su preocupación por la demora en la entrega de vacunas y el recorte de programas nacionales durante la última reunión del Consejo Federal de Salud, realizada en la Ciudad de Buenos Aires con la participación de autoridades sanitarias de todo el país.
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La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, planteó la urgencia de regularizar el envío de dosis de vacunas antigripales, al advertir que la demora impacta directamente en el ritmo de la campaña de inmunización. Según detalló, en Santa Fe ya se aplicaron 203.465 dosis, una cifra superior a la registrada en el mismo período de 2025, lo que refleja una alta adhesión de la población.
En ese marco, la funcionaria señaló que la llegada de nuevas partidas recién está prevista entre fines de abril y comienzos de mayo, lo que genera incertidumbre en la continuidad del esquema de vacunación. “Seguimos reclamando a Nación lo que le corresponde a los santafesinos”, sostuvo.
Otro de los puntos centrales del planteo provincial fue el impacto del recorte en el Programa Remediar, que distribuye medicamentos esenciales en todo el país. Desde Santa Fe advirtieron que la canasta pasará de casi 80 productos a solo tres, lo que implica una fuerte reducción en el acceso a tratamientos básicos.
La ministra recordó además que la provincia ya había registrado una caída del 55% en los tratamientos enviados por Nación entre 2024 y 2025, lo que obligó a reforzar la cobertura con recursos propios. En ese sentido, aseguró que el gobierno provincial continuará garantizando insumos mediante compras centralizadas, aunque insistió en la necesidad de que el Estado nacional cumpla con sus responsabilidades.
Durante el encuentro también se abordó el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. Santa Fe manifestó su preocupación por la falta de consulta previa a las provincias y defendió el modelo actual basado en un enfoque interdisciplinario y comunitario.
En esa línea, la provincia acompañó un documento firmado por autoridades de distintas jurisdicciones que respalda la vigencia de la normativa actual y advierte que los principales desafíos del sistema no radican en la ley, sino en la falta de inversión y recursos.
Finalmente, las autoridades santafesinas pidieron reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones como ámbito de discusión federal, al considerar que las provincias deben tener un rol central en el diseño de políticas públicas sanitarias.
