El Gobierno nacional avanzó con un nuevo esquema de gestión vial que otorga a provincias como Santa Fe un rol más activo en la administración de rutas nacionales. A través del Decreto 253/2026, se habilita a las jurisdicciones a intervenir en la ejecución de obras y concesiones bajo un modelo descentralizado.
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En este marco, Santa Fe forma parte del grupo inicial de provincias que podrán asumir funciones delegadas, lo que representa un cambio significativo en la política de infraestructura. La medida permite que el Estado provincial licite, adjudique y controle concesiones de obra pública, principalmente bajo el sistema de peajes.
El nuevo esquema no implica una transferencia de propiedad, ya que las rutas seguirán siendo de jurisdicción nacional. Sin embargo, la Provincia tendrá facultades operativas para intervenir en tareas de mantenimiento, ampliación y mejora de la seguridad vial, con el objetivo de agilizar la gestión y responder a las demandas locales.
Uno de los puntos centrales es que las concesiones podrán extenderse por un plazo de hasta 30 años, lo que habilita proyectos de largo plazo con participación del sector privado. No obstante, la delegación es temporal y revocable, lo que significa que la Nación podrá retomar el control en cualquier momento si lo considera necesario.
El sistema también establece plazos estrictos para evitar demoras. Una vez firmado el convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, la Provincia tendrá un año para llamar a licitación. Luego, contará con 90 días hábiles para adjudicar y poner en marcha los contratos.
En cuanto al financiamiento, los fondos recaudados por peajes deberán destinarse exclusivamente a las rutas en las que se generan, con el objetivo de garantizar transparencia y reinversión directa en la infraestructura.
El esquema también implica una mayor responsabilidad para la Provincia, que deberá hacerse cargo de la responsabilidad civil derivada de las concesiones, incluyendo posibles reclamos de usuarios o empresas.
De esta manera, Santa Fe pasa a tener un rol clave en la gestión de la red vial, en un modelo que combina descentralización operativa con control nacional, y que busca mejorar la infraestructura en un contexto de demandas crecientes.
