La ciudad de Santa Fe vuelve a enfrentar un problema crítico de riesgo hídrico: alrededor de 1.300 familias viven actualmente en reservorios, zonas inundables o sectores ubicados fuera de los anillos de defensa, según un relevamiento del Centro de Estudios Sembrar.
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El diagnóstico cobra especial relevancia ante la posibilidad de lluvias intensas durante los próximos meses. Desde la organización advierten que muchas de esas familias serían las primeras en ser evacuadas ante un evento extremo.
Carlos Pereira, integrante de Sembrar, sostuvo que el problema se había reducido hacia 2018 y 2019, pero volvió a crecer durante los años de la pandemia.
Nuevas ocupaciones en zonas de riesgo
Durante la década pasada, Santa Fe avanzó con obras de desagüe, estaciones de bombeo, reservorios y defensas, además de programas de relocalización. Según Pereira, hacia 2019 los principales reservorios habían quedado prácticamente liberados de viviendas, pero esa situación comenzó a revertirse entre 2020 y 2021.
Uno de los puntos más delicados se encuentra en el Borde Oeste, especialmente en Villa Oculta, Padre Atilio Rosso, Barranquitas Sur y Barranquitas Oeste. Allí se estima que viven entre 200 y 250 familias dentro de reservorios.
También se detectaron ocupaciones en el ex Frigorífico Municipal, dentro del valle de inundación del río Salado, y en sectores de Bajos Judiciales, Alto Verde y la costa de Colastiné. En este último caso, conviven viviendas precarias con casas de fin de semana construidas en zonas donde la urbanización no está permitida.
Para Sembrar, estos casos muestran que relocalizar familias no alcanza si después no se controla el uso de los terrenos liberados.
Pereira advirtió que, ante una emergencia hídrica, estos sectores serían los primeros en ser evacuados. Mencionó especialmente la costa de Colastiné, Alto Verde, los reservorios de Barranquitas y Vuelta del Paraguayo, donde una crecida del río Paraná podría obligar a evacuar antes de alcanzar los niveles oficiales de alerta.
El costo de relocalizar
Pereira estimó que cada vivienda necesaria para una relocalización podría demandar entre $20 millones y $30 millones, aunque aclaró que el monto no contempla todos los costos asociados.
El principal desafío, explicó, es generar suelo urbano seguro con infraestructura básica: calles, desagües, agua potable, alumbrado y otros servicios.
En ese sentido, destacó que el Municipio retomó trabajos en Barranquitas Sur para elevar terrenos y avanzar con futuras relocalizaciones. La primera etapa contempla una inversión de $268 millones, únicamente para el alteo del suelo.
El especialista remarcó que la ocupación de estos sectores no debe abordarse desde una perspectiva punitiva. “Que la gente vaya a vivir en estos lugares es un acto de suma desesperación”, sostuvo.
El relevamiento advierte que Santa Fe cuenta con una infraestructura hídrica mejor preparada que décadas atrás, pero la presencia de familias dentro de reservorios y fuera de las defensas vuelve a incrementar la vulnerabilidad. Por eso, Sembrar reclama retomar las políticas de relocalización y generación de suelo seguro antes de una nueva emergencia.
