Desde las 7 de la mañana de este martes, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), junto a otros sectores del equipo de salud del reconocido centro pediátrico, realizan un paro de 24 horas en reclamo por la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica.
La medida de fuerza se produce luego de que el gobierno de Javier Milei promulgara —pero decidiera no aplicar— las Leyes N° 27.795 y 27.796, referidas al financiamiento universitario y a la emergencia sanitaria pediátrica, respectivamente.
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Desde hace meses que médicos, técnicos de laboratorio y otros sectores del equipo de salud reclaman la aplicación inmediata y efectiva de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario, recientemente ratificadas por el Congreso Nacional, pero recientemente suspendidas en su aplicación.
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Paro y movilización a Plaza de Mayo
En respuesta a la decisión del Gobierno, los trabajadores del Hospital Garrahan impulsaron un paro total de actividades para visibilizar la situación del sistema de salud pediátrico y exigir la aplicación inmediata de la normativa sancionada por el Congreso.
Además, a partir de las 16 horas, profesionales del Garrahan, trabajadores universitarios y del área de discapacidad, junto a familiares y organizaciones sociales, realizarán una movilización hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna “Las leyes están, que se apliquen ya”.
Desde la APyT señalaron que la suspensión de la ley “profundiza la crisis en la atención pediátrica y el deterioro de las condiciones laborales”, y advirtieron que los hospitales públicos atraviesan una situación crítica por la falta de recursos, salarios atrasados e insumos esenciales.
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Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario pero su aplicación quedó suspendida
El Gobierno promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei. De igual forma, lo que parecía ser una buena noticia para los sectores golpeados terminó en lo mismo de siempre: la aplicación de ambas normas fue suspendida por decreto.
Es que, al igual que ocurrió con la norma de Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo le solicita al Legislativo que defina de dónde saldrán las partidas para financiar los gastos y las incluya en el Presupuesto.
Así, a través de los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial, Milei promulgó las leyes 27.795 (Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente) y 27.796 (Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud).
Sin embargo, en los considerandos de ambas normas sostuvo que "quedarán suspendidas en su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".
De este modo, el Gobierno pretende que sea el Congreso el que defina cómo incrementar los recursos para financiar estas normas, mediante el Presupuesto 2026.
