El Gobierno nacional tiene previsto avanzar con la comercialización de residencias que quedaron sin adjudicar, las cuales forman parte de desarrollos urbanísticos del programa Procrear. Se trata de unidades habitacionales terminadas que nunca fueron entregadas y que ahora estarán disponibles para el público a través de un mecanismo de subastas en línea. Esta medida se enmarca en el proceso de reorganización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los bienes raíces bajo administración estatal.
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Según datos proporcionados oficialmente, la determinación involucra inmuebles edificados durante fases anteriores del programa que permanecieron vacantes, ya sea debido a renuncias, problemas administrativos o la ausencia de beneficiarios designados. Estas casas y apartamentos se encuentran distribuidos en diversos complejos habitacionales a lo largo del país y son parte de urbanizaciones que se desarrollaron con fondos públicos.
Las unidades corresponden a proyectos finalizados en años previos, incluyendo tanto casas como departamentos, que cuentan con servicios esenciales y conexiones ya instaladas. Son inmuebles destinados al uso residencial familiar y ubicados en barrios planificados que ofrecen espacios verdes, infraestructura comunitaria y proximidad a centros urbanos. La oferta precisa de unidades habilitadas para esta venta será detallada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Banco Hipotecario, entidad históricamente asociada al programa.
Entre los complejos incluidos se hallan desarrollos en distintas provincias, abarcando tanto proyectos de escala moderada como barrios completos levantados en terrenos fiscales. Las viviendas fueron diseñadas siguiendo los estándares constructivos del programa federal correspondiente y, en su mayoría, disponen de dos o tres habitaciones, si bien la disponibilidad exacta puede variar en cada ubicación.
Mecanismo de Adquisición: Subasta Pública Digital
La modalidad escogida para la venta es la de subasta pública online. El proceso se llevará a cabo mediante la plataforma digital oficial que la AABE utiliza para la enajenación de bienes del Estado. Las fechas, horarios y los requisitos necesarios para la participación serán anunciados en el sitio web del organismo.
El procedimiento incluirá los siguientes pasos:
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Inscripción obligatoria previa en la plataforma.
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Presentación de documentación personal y fiscal requerida.
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Abono de una garantía de participación, cuyo monto se informará para cada subasta.
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Envío de ofertas por vía electrónica durante los días designados.
Cada propiedad tendrá un precio base. A partir de ese valor, los interesados podrán realizar sus ofertas durante el periodo habilitado. Las unidades serán formalmente adjudicadas a quienes resulten ganadores en cada llamado.
Criterios de Participación
Podrán intervenir en las subastas tanto personas físicas como jurídicas que cumplan con los requerimientos establecidos. No será un requisito excluyente poseer un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, aunque los adjudicatarios finales deberán demostrar capacidad de pago para concretar la operación. El Gobierno habilitará diversas opciones de financiamiento bancario, pero los detalles específicos sobre tasas, plazos y condiciones deberán ser solicitados a las entidades financieras participantes una vez que la vivienda haya sido adjudicada.
No se aplicarán limitaciones por edad o situación laboral, aunque será imprescindible contar con ingresos comprobables para avanzar tras la etapa de la puja. Las bases del proceso contendrán información detallada sobre los criterios de verificación y la documentación que se deberá presentar.
Es importante destacar que esta acción no afecta a los actuales beneficiarios del esquema de crédito Procrear. Aquellos que poseen un préstamo vigente continúan bajo las condiciones acordadas inicialmente. Esta iniciativa se dirige exclusivamente a las viviendas que no fueron asignadas y no implica ninguna alteración en los esquemas de financiamiento para los adjudicatarios anteriores.
Fuentes oficiales indican que la medida busca darle utilidad a activos que están inmovilizados y generar recursos para el Estado, en concordancia con normativas que permiten la comercialización de viviendas que no lograron ser asignadas en los procesos originales del programa.
