El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa que busca dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, faciliten hechos de inseguridad.
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La propuesta establece un régimen específico para actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos, guaridas del delito y propiedades abandonadas o deterioradas, mediante procedimientos que permitan una intervención más rápida y coordinada entre distintos organismos del Estado.
El proyecto contempla mecanismos de actuación temprana, incluyendo actas de constatación, informes técnicos y resoluciones administrativas, además de medidas preventivas como clausuras provisorias, cerramientos, bloqueos de accesos, custodia y aseguramiento de los inmuebles involucrados.
En los casos de mayor complejidad, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico, será la Justicia quien podrá disponer acciones de mayor alcance, como desalojos, demoliciones o restituciones de inmuebles a sus propietarios legítimos, respetando siempre las garantías del debido proceso.
La iniciativa también incorpora un esquema para que los bienes decomisados y los recursos obtenidos en causas vinculadas al narcotráfico sean reinvertidos en el combate contra este delito. En ese sentido, el 60% de los fondos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
El 40% restante se orientará al financiamiento de programas de prevención, asistencia y abordaje integral impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Además, el proyecto prevé la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, la Policía de Córdoba, el Ministerio de Justicia y los gobiernos locales.
La Provincia también convocará a municipios y comunas a adherir al régimen mediante convenios de cooperación que permitan ejecutar intervenciones en cada territorio y avanzar en la recuperación de espacios utilizados por organizaciones criminales.
Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca fortalecer las herramientas de prevención, recuperar inmuebles vinculados al delito y reforzar la presencia del Estado en los barrios afectados por el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
