El Gobierno de Córdoba oficializó la creación de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, un espacio técnico que apunta a fortalecer la lucha contra el narcotráfico a partir del uso de datos estratégicos y coordinación institucional.
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El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora, quien ratificó que el combate al narcotráfico es una política prioritaria de su gestión. “Las organizaciones criminales ponen en crisis a la sociedad y a las instituciones”, sostuvo.
La nueva mesa tendrá como eje la elaboración de mapas de narcocriminalidad y el análisis del perfil delictivo, con el objetivo de dotar de mayor eficiencia técnica a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial.
El espacio está coordinado por el COPEC y depende del Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico. Su trabajo se centrará en la recolección, procesamiento y análisis de datos clave para la toma de decisiones.
Durante el encuentro, el ministro Julián López explicó que la iniciativa busca construir una herramienta técnica que permita hacer más eficiente la lucha contra el delito, en un contexto donde cambian las dinámicas criminales.
Entre los objetivos se destacan la generación de políticas públicas basadas en inteligencia criminal, la evaluación permanente del conflicto y el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado, además de la revisión de herramientas legales para fiscales y jueces.
La mesa está integrada por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, universidades y gobiernos locales, en una lógica de trabajo horizontal y transversal que busca superar diferencias políticas.
Participan instituciones como el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, la Legislatura, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Servicio Penitenciario y universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras casas de estudio.
Además, formaron parte del encuentro intendentes y representantes de ciudades como Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Alta Gracia, consolidando una red de trabajo con alcance territorial.
Con esta iniciativa, la provincia busca consolidarse como un “territorio hostil” para el narcotráfico, apoyado en el uso de tecnología, datos y coordinación institucional.
