La crisis del mercado interno y el encarecimiento de los costos financieros golpearon de lleno a una de las firmas más tradicionales de la provincia de Entre Ríos. Frutafiel, una empresa de bebidas y alimentos con más de 70 años de trayectoria en el mercado regional, se presentó en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia de Paraná. La compañía, cuya planta industrial está radicada en la localidad de General Ramírez (departamento Diamante), argumentó un descalce irreversible entre sus costos de operación y sus niveles de facturación durante el primer tramo de 2026.
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La apertura del proceso concursal quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, bajo la conducción del juez Ángel Luis Moia, quien convalidó el inicio del trámite el pasado 10 de junio tras la solicitud formal presentada por la empresa el 22 de mayo. El magistrado ordenó la inhibición general de bienes de la sociedad —medida que congela la venta o transferencia de activos fijos sin previa autorización de los tribunales— y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara para llevar adelante las tareas de la sindicatura.
Radiografía de una insolvencia: insumos petrolizados y corte del crédito
En la documentación judicial aportada a la causa, Frutafiel trazó un diagnóstico severo sobre las variables macroeconómicas que la arrastraron a la cesación de pagos entre marzo y abril de este año:
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Erosión de márgenes: La firma describió que la inercia inflacionaria comprimió el poder adquisitivo de los hogares y encareció de forma simultánea los insumos básicos y los fletes de transporte. Al no poder trasladar esas subas al precio de góndola por la pérdida de competitividad, los márgenes de utilidad quedaron reducidos a cero.
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Desplome del consumo: El impacto se sintió con fuerza en su segmento core de bebidas no esenciales: aguas saborizadas, gaseosas, bebidas elaboradas con base de vino y su línea insignia Aqualoe (agua con pulpa de aloe vera).
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Costos de energía y combustibles: La suba de tarifas fijas y de los combustibles líquidos estranguló la rentabilidad fabril, dado que los insumos derivados del petróleo representan hasta el 95% del costo final en algunas de sus líneas de empaque y distribución.
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Ahogo financiero: La empresa argumentó que el financiamiento bancario directo se tornó impracticable por el nivel de las tasas de interés reales del mercado, mientras que el descuento de cheques de terceros en el circuito informal les provocó severas pérdidas operativas.
Maniobras de rescate y fallido lanzamiento de cerveza
Para intentar capear el temporal, el presidente y principal accionista de la firma llegó a vender un inmueble de su patrimonio personal para inyectar capital fresco a la caja de la sociedad. Esos fondos se destinaron al lanzamiento, a principios de 2025, de una cerveza de marca propia denominada Golden Saft y de una línea de vino con jugo.
Si bien estos nuevos productos lograron asimilar el 30% de la facturación corriente de la empresa, la estrategia de supervivencia encontró escollos comerciales insalvables: el proveedor de la cerveza a granel incumplió de forma sistemática con los volúmenes de entrega pactados y las grandes multinacionales de la competencia replicaron a gran velocidad el nicho de mercado. Asimismo, los agresivos descuentos y promociones que Frutafiel debió convalidar para sostener su presencia en las cadenas de supermercados liquidaron cualquier rentabilidad remanente, un cuadro agravado por un fuerte incremento en la morosidad y la incobrabilidad de su cartera de clientes.
Balance en rojo y el peso en el empleo local
Fundada en 1956, Frutafiel no solo produce bebidas, sino que mantiene líneas de fideos secos y dulces tradicionales (membrillo y batata), constituyéndose como uno de los principales motores de empleo de General Ramírez, una localidad entrerriana de poco más de 13.000 habitantes.
El dato más alarmante de la inviabilidad financiera de corto plazo surge de los registros de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA): la alimenticia acumuló un stock de 387 cheques rechazados por falta de fondos por un monto consolidado de $1.085.442.794.
La ruptura de la cadena de pagos se formalizó a fines de marzo, momento en que la pyme alimenticia discontinuó el cumplimiento de sus planes de facilidades impositivas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dando inicio el 21 de abril a la ola de rebotes de cheques en las cuentas bancarias. Pese al pasivo acumulado, los directivos de la firma aseguraron en el escrito judicial que el negocio es "viable y sustentable en el mediano y largo plazo", y que el paraguas legal del concurso preventivo operará como el desahogo financiero indispensable para reactivar las líneas de producción y renegociar las acreencias de manera ordenada.
