Fate: la Justicia ordenó pagar $1.200 millones en salarios adeudados a 200 operarios

El sindicato celebró la medida como una confirmación de que el cierre fue un "lock out patronal", aunque adelantó que apelará porque la cifra no cubre antigüedad ni inflación.

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 18 08

Por Ezequiel Bucetto

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 18:08


La Justicia Laboral le puso un freno a la estrategia de la empresa y le ordenó pagar.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 17 dispuso que Fate transfiera $1.200 millones para saldar los salarios adeudados a 200 operarios que se quedaron sin trabajo tras el cierre de la planta de neumáticos en San Fernando.

El fallo abarca el período comprendido entre marzo y junio de este año y los fondos serán acreditados este viernes 23 mediante sumas que habían sido embargadas de forma preventiva.

Fate: el Juzgado Laboral 17 ordenó el pago de salarios y frenó el desalojo de la planta

El origen de la cifra no fue sencillo. El tribunal fijó el monto como un punto intermedio entre las posturas que llevaron al expediente: el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) exigía $1.800 millones, mientras que la empresa de Javier Madanes Quintanilla aducía que correspondían $600 millones.

La resolución no alcanza a los trabajadores que firmaron los retiros voluntarios, un punto que el gremio ya anticipó que buscará revertir por la vía judicial.

La base del reclamo se sostiene en un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025 y con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

A través de ese acuerdo, Fate recibió beneficios impositivos del Estado a cambio de no efectuar despidos. Para el SUTNA, el fallo confirma que el cierre de la planta fue un lock out patronal y no una decisión legítima por crisis económica.

Desde el sindicato que lidera Alejandro Crespo celebraron la medida, pero no se quedaron quietos. Adelantaron que apelarán la resolución porque consideran que la cifra impuesta "no cubre la antigüedad ni la actualización por inflación".

Además, presentarán nuevas acciones legales para exigir los salarios posteriores al 1 de julio y para que se declare la nulidad de los retiros voluntarios, que según su visión fueron firmados bajo "extorsión económica" tras semanas sin cobrar.

En paralelo a la disputa salarial, la Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo que se había dictado en septiembre.

De esta manera, los trabajadores mantendrán los acampes y las protestas en las inmediaciones de la fábrica, sosteniendo la resistencia que ya lleva ocho meses desde el anuncio del cierre que afectó originalmente a 920 trabajadores.

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