La Justicia dictó esta semana un embargo general sobre las cuentas bancarias de Flybondi, la primera aerolínea low cost del país, por una deuda de casi $1.500 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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La medida, que fue solicitada por el organismo recaudador, busca garantizar el cobro de impuestos que la empresa no ingresó al fisco.
La deuda reclamada por ARCA asciende a $1.256.469.707,31 en concepto de capital. El mayor componente es la retención de Ganancias por $915.238.669,21, seguida de $207.932.266,08 por retenciones de IVA y $133.298.772,02 por Bienes Personales.
A ese monto, el organismo le sumó un 15% adicional por intereses y costas, lo que eleva el total a $1.444.940.163,41.
Según otras fuentes, el embargo alcanza aproximadamente los $1.754 millones al incluir la totalidad de las ejecuciones fiscales iniciadas.
Flybondi debe $1.256 millones al fisco y la Justicia le embargó las cuentas
El embargo fue dispuesto por los juzgados federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias N°1, 2 y 4.
Las órdenes judiciales no implican, por sí mismas, la suspensión de las operaciones de la aerolínea, pero profundizan la presión sobre una empresa que ya no tiene capacidad para sostener su operación.
Pero el dato más escandaloso de esta historia no es el embargo: es que Flybondi sigue en el aire.
La empresa acumula sueldos impagos desde junio para el personal activo, más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones por despidos, y el jueves 6 de agosto la falta de pago de aportes patronales dejó a empleados activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga ni obra social, interrumpiendo tratamientos y controles médicos.
Aún así, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que depende del gobierno de Javier Milei, sigue autorizando a la empresa a vender pasajes.
Flybondi fue comprada en junio de 2025 por COC Global Enterprise, el holding del empresario Leonardo Scatturice, vinculado a los servicios de inteligencia. El mismo Scatturice que en noviembre de 2024, a través de otra de sus empresas, OCP Tech, obtuvo un contrato por US$78.650.000 para la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional.
La pregunta que nadie responde es cómo una empresa que no paga impuestos, no paga sueldos, no paga indemnizaciones, canceló más de 2.500 vuelos entre junio de 2025 y mayo de 2026 y mantiene una flota operativa de apenas dos aviones, sigue vendiendo pasajes como si nada.
