Privatización confirmada: el Gobierno adjudicó la Hidrovía por 25 años a la belga Jan de Nul en consorcio con Servimagnus

El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Hidrovía del río Paraná por 25 años al consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, sellando la mayor privatización de la gestión de Javier Milei. 

Jueves, 18 de junio de 2026 a las 22 59

Por Redacción

Jueves, 18 de junio de 2026 a las 22:59

El Gobierno nacional formalizó este jueves la adjudicación de la privatización más grande desde el inicio de la gestión de Javier Milei: la concesión por un período de 25 años de la Vía Navegable Troncal, la principal arteria logística fluvial del país, más conocida como la Hidrovía del río Paraná.

La operación quedó sellada a través de la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), la cual será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas.

La licitación internacional consagró como ganadora a la corporación belga Jan de Nul, que compitió asociada con la firma local Servimagnus. El consorcio se impuso ante su par también belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) en la instancia de evaluación técnica, luego de que ambas propuestas registraran un empate exacto en la oferta económica al postular el precio mínimo de peaje dispuesto en los pliegos. La vasta experiencia previa de Jan de Nul —que operó la Hidrovía entre 1996 y 2021 antes de la estatización provisoria— funcionó como el factor de desempate ante los equipos evaluadores del Estado.

El impacto en los costos logísticos y el esquema tarifario

La adjudicación de la Hidrovía —un negocio global de dragado, señalización, balizamiento y mantenimiento estimado en 15.000 millones de dólares— contempla un beneficio inmediato para el sector agroexportador e industrial mediante una reducción inicial del 13,5% en las tarifas de peaje.

El esquema tarifario por tonelada de registro neto (TRN) se reestructurará de manera escalonada en base al avance de las obras civiles de profundización. 

Fin al fantasma del direccionamiento y aval de los cargadores

El cierre de esta licitación representa un fuerte alivio político para la Casa Rosada. Cabe recordar que el primer intento de privatización, tramitado entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó por completo y debió ser anulado en medio de severas denuncias de direccionamiento y corrupción presentadas por bloques opositores como el PRO y la Coalición Cívica. Aquel proceso fallido había culminado con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y con la supervivencia de un único oferente (DEME).

En contraste, este nuevo proceso superó los filtros institucionales y cosechó el visto bueno unánime de los gobernadores de las provincias ribereñas y de las cámaras de exportadores. Si bien la compulsa estuvo rodeada de fuertes campañas de lobby, presiones diplomáticas bilaterales y una impugnación de la constructora brasileña DTA Engenharia que no prosperó, el Gobierno confirmó que no se registraron reclamos ni impugnaciones formales por parte de DEME, el otro competidor en carrera.

La ruta por donde fluye el 80% de las exportaciones del país

La relevancia de la Vía Navegable Troncal es absoluta para la macroeconomía argentina: actúa como la gran autopista de salida para la producción del complejo agroindustrial de la región centro. A lo largo de su curso fluvial se asientan cerca de 60 terminales portuarias privadas y cooperativas, y por sus aguas se despacha el 80% de las exportaciones físicas totales de la Argentina.

“La finalización de la licitación impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país. Las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país”. — Comunicado oficial del Ministerio de Economía de la Nación.

La firma definitiva del contrato se concretará en un plazo máximo de 30 días. A partir de allí, el Estado nacional abandonará las tareas de gestión directa y asumirá un rol estrictamente regulador y de fiscalización. El nuevo pliego obliga al operador privado a incorporar tecnología de última generación orientada a la seguridad de la navegación y al combate del narcotráfico en los nodos portuarios del Paraná.

Las proyecciones financieras y el recupero de la inversión

El modelo de negocios diseñado por el Palacio de Hacienda impone una fuerte exigencia de capital para el consorcio Jan de Nul - Servimagnus durante el primer tramo de la concesión, obligándolos a realizar desembolsos en equipamiento y dragas de succión por un rango de entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de licencia.

Debido a esta curva de inversión intensiva, los flujos financieros del proyecto se estructurarán bajo plazos de largo aliento:

  • Retorno de la inversión: Los cálculos técnicos oficiales estiman que la empresa tardará 7 años en alcanzar el punto de equilibrio (ganancias netas) y demandará 13 años para registrar un flujo de caja libre (free cash flow) acumulado de signo positivo.

  • Evolución de ingresos por peajes: El cobro directo a las empresas exportadoras —costo que luego se traslada a los productores agrícolas mediante descuentos en el precio de pizarra de los granos— generará una facturación inicial de USD 289 millones anuales. Este volumen escalará a los USD 389 millones hacia el sexto año y experimentará un salto exponencial hasta los USD 517 millones anuales una vez consolidadas las nuevas tarifas de profundidad.

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