En las últimas horas, fuentes relacionadas al ENARGAS expresaron la preocupación que existe ante un reciente llamado a licitación donde se estarían aceptando obleas oficiales (documentos públicos de seguridad) sin realizar previamente el ensayo de laboratorio que garantice su integridad.
Se estarían omitiendo controles técnicos esenciales
La crítica es tan técnica como política: permitir que productos sensibles al control estatal ingresen sin pasar por los estándares técnicos requeridos, configura una situación de riesgo inaceptable. El ensayo de laboratorio de las obleas es esencial, ya que deberá permanecer 15 meses pegada al parabrisas sin deteriorarse con la exposición directa al sol, temperatura, etc.
Hasta la fecha, todas las empresas que se han encargado de las obleas de GNC y han ganado las licitaciones, pasaron por los ensayos técnicos y de despegado en un laboratorio independiente.
Dejar de lado este examen técnico, seguramente favorecerá a diversas empresas que no pueden asegurar la seguridad de las obleas al momento de licitar, pero fundamentalmente va a generar un riesgo en el sistema que hasta ahora no se ha producido nunca.
Riesgo penal por omisión de deberes
La omisión de controles técnicos obligatorios, tratándose de documentos públicos de seguridad, podría tener consecuencias penales. De producirse un accidente (explosión, fuga de gas, falla en instalaciones, etc.), los funcionarios que hubieran validado el uso de obleas sin certificación estarían expuestos a responsabilidad penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y hasta por delitos más graves en caso de lesiones o muertes evitables. De allí la justificada preocupación de los funcionarios actuales del ENARGAS.
El deber de garantizar la seguridad
En este contexto pueden existir oferentes que se presentan a licitaciones sin capacidad real de cumplimiento técnico. Podrían ser adjudicados, y luego informar que no pueden garantizar ensayos, generando presiones sobre el organismo estatal, que terminaría aceptando productos no verificados.
Este mecanismo de admisión de ofertas sin control efectivo no sólo erosiona la confianza institucional, sino que pone en riesgo la trazabilidad y el control sobre instalaciones de gas en todo el país.
Si bien se puede discutir la oportunidad comercial de cada proveedor, lo que no está en debate es la responsabilidad legal del funcionario público que avale una oblea no auditada técnicamente. La omisión de medidas de control técnico en sistemas de seguridad, tratándose de bienes vinculados a la integridad física de personas y bienes, abre la puerta a la imputación penal por omisiones dolosas o culposas.
Incluso la jurisprudencia argentina en materia de siniestros por fallas de fiscalización (como el caso Once o República Cromañón) ha dejado en claro que el deber de control es indelegable y que el funcionario que omite actuar pudiendo evitar un perjuicio, responde penalmente.
En este punto, el ENARGAS debería requerir los ensayos técnicos correspondientes, ya que esto mantiene al sistema en estándares de seguridad necesarios para las prestaciones de GNC. Ya que en caso de no hacerlo, si en el futuro ocurriera un incidente atribuible a fallas en la autenticidad o durabilidad de las obleas, la cadena de responsabilidades alcanzaría sin dudas a quienes, desde la función pública, hayan omitido controlar lo que debían controlar.
