La Fiscalía de Brasil pidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus colaboradores por “asociación criminal armada” y “golpe de Estado”, entre otros delitos.
El exmandatario brasileño de extrema derecha podría ser condenado a prisión por la Corte Suprema por intentar impedir la asunción de su rival Luiz Inacio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
Te puede interesar
De acuerdo a la información brindada por la agencia EFE, en su alegato final, el fiscal Paulo Gonet solicitó al máximo tribunal condenar a los acusados por los delitos de:
- golpe de Estado;
- organización criminal armada;
- tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho;
- daño cualificado por violencia grave o amenaza y deterioro de patrimonio protegido por el asalto de militantes bolsonaristas al Congreso Nacional, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto, las sedes de los tres poderes de Brasil, el 8 de enero de 2023, en rechazo a la asunción del presidente Lula da Silva, tras la victoria de éste sobre Bolsonaro en las elecciones de 2022.
Si resultaran condenados, Bolsonaro y el resto de los imputados, entre los que figuran ministros de su gobierno (2019-2022) y militares de alto rango, podrían enfrentar penas que oscilan entre 12 y 40 años de prisión.
Además, los interrogatorios realizados a lo largo de la causa evidenciaron la participación de los acusados en "una organización criminal" que buscó "impedir el funcionamiento de los poderes y derrocar un gobierno legítimamente electo, además de la destrucción de edificios públicos", indicó la Fiscalía en una nota. En el documento presentado este martes, señaló EFE, el fiscal Gonet afirma que el ex presidente "figura como líder" de la organización criminal.
Te puede interesar
Bolsonaro volvió a declararse "inocente"
Bolsonaro afirma que es inocente y denuncia una persecución en su contra. Ante la Corte reconoció haber considerado “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula.
"Todas las acusaciones son falsas. Nunca he violado la democracia ni la Constitución. Quienes violan la democracia son quienes inventan pruebas, arrestan a inocentes y abusan de su poder para perseguir y silenciar a sus oponentes políticos", añadió.
Presidente entre 2019 y 2022, Bolsonaro se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por diseminar sospechas infundadas sobre el sistema de comicios brasileño ante embajadores de países extranjeros.
Te puede interesar
Milei defendió a su "amigo" Jair Bolsonaro y denunció "persecución"
En julio de 2024, el presidente Javier Milei participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se llevó adelante en la ciudad brasilera de Camboriú, evento liderado por el ex presidente Jair Bolsonaro, y defendió al ex mandatario.
En medio de su enfrentamiento político con el actual presidente Lula Da Silva, el mandatario argentino se refirió a las causas judiciales que tiene Bolsonaro: "Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”, aseguró.
También apuntó contra Bolivia por el intento de golpe de Estado que recibió algunas acusaciones: “Montaron un golpe de Estado con tal de sumar un puntito en una elección”. También criticó con dureza a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Prometió también “echar a patadas al socialismo de todos lados”.
En su alocución el presidente argentino analizó los “denominadores comunes” que tuvieron los diferentes gobiernos de izquierda en Latinoamérica: “Constituyen una verdadera receta del desastre, tanto en lo económico, como en lo social, político y cultural. No es una mera coincidencia”.
“Es notable que los socialistas comienzan con un período de bonanza económica, en un contexto de cuentas públicas ordenadas y precios internacionales de commodities altas. En ese primer momento, la economía crece, la sociedad gana el poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas. Pero los gobiernos se enamoran de la popularidad de la bonanza económica que heredaron, se asustan de que no vayan a ser eternos y aumentan el gasto público para sostenerla. ¿Cómo? Subsidiando tarifas y servicios, aumentando el empleo público, repartiendo dádivas que etiquetan como inclusión social”, planteó.
