Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental bonaerense, denunció que detrás de esta decisión no hay un criterio social ni sanitario, sino un mero “achique económico” que golpea a los más desprotegidos. “Lo que hicieron fue cruel y arbitrario. Tomaron una decisión masiva, sin revisar caso por caso, y recortaron pensiones de manera injusta”, remarcó Calmels en diálogo con Radio Splendid. Según explicó, la medida responde a una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad, que argumentó haber encontrado irregularidades porque muchos beneficiarios no se presentaron a las citaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, desde las organizaciones sociales y de derechos humanos señalan que miles de esas personas ni siquiera fueron notificadas correctamente.
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A este contexto dramático se suma un dato inquietante: el PAMI, organismo clave en la atención de jubilados y pensionados, no logra sacudirse de encima las denuncias por coimas que salpican a Juan Osaba, exfuncionario del organismo y actual candidato libertario en las próximas elecciones. Las acusaciones apuntan a cobros ilegales en contrataciones y servicios, lo que pone en evidencia la doble cara del ajuste: por un lado, se golpea a los que menos tienen; por el otro, persisten las prácticas de corrupción entre quienes manejan los recursos.
“Es humillante”, resumió Calmels, subrayando que se necesita con urgencia un enfoque responsable y humano. Mientras tanto, miles de familias siguen esperando una respuesta para no quedar completamente desamparadas.
