La Justicia bonaerense confirmó la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, la joven migrante asesinada en 2007 dentro de un edificio estatal de La Plata, y dispuso una ampliación de las indemnizaciones destinadas a sus familiares.
Te puede interesar
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, que concluyó que la falta de controles, vigilancia y medidas básicas de seguridad en el inmueble donde ocurrió el crimen constituyó una falla del Estado provincial.
Sandra Ayala Gamboa tenía 21 años y había llegado a la ciudad en busca de oportunidades laborales cuando fue asesinada el 22 de febrero de 2007 en un edificio perteneciente al Estado bonaerense ubicado en pleno centro platense.
Los jueces consideraron que el inmueble se encontraba bajo la órbita y control del Estado y que la ausencia de mecanismos efectivos para supervisar ingresos y permanencias facilitó la comisión del crimen. En ese sentido, remarcaron que el edificio carecía de medidas elementales para garantizar la seguridad de quienes circulaban por el lugar.
La demanda había sido presentada por los familiares de la joven, quienes reclamaron una reparación económica por los daños sufridos. Si bien en primera instancia ya se había reconocido una responsabilidad parcial de la Provincia, la Cámara ratificó ese criterio y avanzó además en una actualización de las compensaciones económicas.
Al revisar el caso, el tribunal entendió que los montos fijados inicialmente resultaban insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado y resolvió incrementar las indemnizaciones por daño moral y pérdida de chance.
La sentencia también incorporó una perspectiva de género, destacando que Sandra era una mujer joven, migrante y en situación de vulnerabilidad, por lo que el Estado tenía obligaciones específicas de protección y prevención frente a posibles situaciones de violencia.
Además, los magistrados hicieron lugar al reclamo por daño psíquico y tratamiento psicológico en favor de la madre de la víctima, al considerar acreditadas las secuelas emocionales derivadas del femicidio.
El fallo representa un nuevo avance en la búsqueda de reparación para la familia de Sandra Ayala Gamboa y reafirma la responsabilidad estatal cuando existen omisiones que contribuyen a generar condiciones que facilitan hechos de extrema violencia.
