La investigación por el fentanilo contaminado producido por Laboratorios Ramallo y distribuido por HLB Pharma se transformó en uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años en la Argentina.
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La causa judicial se originó tras el alerta realizado por el Hospital Italiano de La Plata, donde se detectó un brote infeccioso asociado al uso del medicamento adulterado.
Según el expediente que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, al menos dos lotes del fármaco estaban contaminados con bacterias multirresistentes, situación que derivó en un brote nacional con decenas de fallecidos y cientos de casos sospechosos.
La resolución judicial sostiene que la contaminación fue consecuencia de múltiples incumplimientos en los procesos de fabricación, controles deficientes y omisiones sistemáticas dentro de la estructura empresarial.
Actualmente, la causa mantiene 13 procesados, de los cuales seis cumplen prisión preventiva, incluyendo dos arrestos domiciliarios.
Los principales imputados
La figura central del expediente es Ariel García Furfaro, señalado por la Justicia como el principal responsable del conglomerado empresario.
El magistrado sostiene que controlaba decisiones operativas, comerciales y productivas dentro de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Durante sus declaraciones intentó desligarse de la contaminación y sugirió una posible hipótesis de sabotaje interno o externo.
Sin embargo, el juez consideró acreditada una estructura de funcionamiento marcada por irregularidades reiteradas, controles insuficientes y fallas graves en las buenas prácticas de manufactura.
También fue procesado con prisión preventiva su hermano, Diego Hernán García, a quien distintas pruebas ubican impartiendo órdenes directas sobre procesos de producción durante el período en el que se elaboraron los lotes contaminados.
La madre de ambos, Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma, quedó bajo prisión domiciliaria. Aunque intentó reducir su participación a cuestiones formales, la Justicia entendió que integraba el núcleo de conducción empresarial.
Técnicos y responsables sanitarios
Otro de los imputados centrales es Javier Martín Tchukrán, técnico químico señalado como uno de los cuadros técnicos más relevantes dentro de la planta de producción.
Según el expediente, tenía intervención sobre procesos sensibles vinculados a limpieza, validaciones y dinámica de fabricación.
También fue procesado el farmacéutico José Antonio Maiorano, quien ocupaba un rol clave como director técnico y responsable de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y regulatorias.
La Justicia sostiene que su función implicaba controlar la calidad y seguridad de medicamentos críticos como el fentanilo.
En tanto, Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, quedó bajo prisión domiciliaria. El expediente le atribuye participación en procesos de validación, control documental y liberación de productos.
Las conversaciones extraídas de teléfonos celulares y grupos internos del laboratorio aparecen entre las pruebas más comprometedoras para la investigación.
Otros procesados y la causa
La causa también incluye otros siete imputados procesados sin prisión preventiva: Wilson Daniel Pons, María Victoria García, Adriana Iúdica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Sclafani y Eduardo Darchuk.
Todos formaban parte de áreas técnicas vinculadas a control microbiológico, producción, calidad y validación de procesos.
En líneas generales, los acusados sostuvieron ante la Justicia que actuaban bajo una estructura jerárquica superior y que muchas decisiones escapaban a su control.
Sin embargo, el juez consideró que sus conocimientos profesionales y participación en protocolos, documentación y procesos industriales los convertían en piezas fundamentales dentro del sistema que permitió la circulación del fentanilo contaminado.
La investigación continúa avanzando y no se descarta que, cuando la causa llegue a juicio, las imputaciones incluyan más de 100 fallecimientos vinculados al brote.
