Tal como se discute hace muchos años, el aborto es una deuda pendiente del Estado con todas las mujeres a las que les reprimen sus derechos. El gobierno, enviando el proyecto de legalización al Congreso y defendiéndolo con sus ministros y el mismo presidente, Alberto Fernández, apunta sus cañones a saldar la misma. 

La discusión en el Congreso, tanto la de 2018 como la que se dio la semana pasada, dejó al menos tres conclusiones. Por un lado, que cifras alarmantes sobre la cantidad de abortos y experiencias traumáticas por la clandestinidad en el país, algo que un país que apunta a parecerse a aquellos que mejor funcionan no deben dejar pasar. Por el otro, el nivel bajísimo de argumentos que manejó el sector celeste, entre comentarios religiosos y noticias falsas. Y por último, la capacidad destructiva de la presencia del PRO en el Congreso para la ampliación de estos derechos, cuyos diputados votaron en un 70% en contra de la ley.

En el Senado la votación es un poco más reñida y la ayuda que pueda ofrecer Cristina Kirchner como titular de la cámara para garantizar la sanción será enorme. Con un panorama sumamente igualado, se avecinan semanas de importante juego político, donde tanto desde los espacios celestes como de quienes están a favor del proyecto moverán todas sus piezas para lograr sus objetivos. El gobierno, sin dudas, tiene una oportunidad de cerrar un año difícil ampliando derechos.