El abogado Gregorio Dalbón formalizó una ampliación de la denuncia penal vinculada con las operaciones con derivados financieros sobre las reservas de oro ejecutadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el ejercicio 2025.
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En su presentación ante la Justicia, el letrado solicitó el allanamiento y secuestro —o en su defecto la copia forense— de los servidores, discos rígidos y correos institucionales de la autoridad monetaria para acceder a los contratos, comunicaciones y registros informáticos vinculados con las transacciones.
La medida imputativa se dirige contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; e incorpora formalmente en esta instancia a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área y miembro del directorio del ente regulador. Las figuras penales esgrimidas abarcan la presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplando además la figura de asociación ilícita en caso de probarse un esquema coordinado para la comisión de ilícitos.
Foco en el Deutsche Bank, comisiones y pérdida patrimonial informada por la AGN
La ampliación fundamenta sus pedidos de prueba en el informe de auditoría sobre los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN) a través de la Resolución 205/2026:
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Pérdida contabilizada: Según la documentación de la AGN, las operaciones de opciones sobre el oro arrojaron un resultado negativo consolidado de $ 1.469.155 millones, cifra equivalente a u$s 1.023 millones con salida efectiva de divisas. El saldo adverso se desglosa en u$s 960,2 millones de pérdida operativa por los contratos de opciones y u$s 62,8 millones por el pago de primas.
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Mecanismo de cobertura y contrapartes: La denuncia advierte que las transacciones habrían funcionado como una cobertura ante la baja del precio del metal mediante la venta a terceros del derecho a compra a valores algo superiores a los u$s 3.000 la onza, en momentos en que la cotización internacional superaba los u$s 4.000. El escrito se hace eco de versiones periodísticas que señalan al Deutsche Bank como una de las contrapartes intervinientes.
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Comisiones bajo sospecha: La presentación judicial cuestiona la falta de transparencia sobre las comisiones percibidas por los intermediarios financieros, las cuales habrían superado los u$s 60 millones, según estimaciones públicas que se solicitó peritar. Asimismo, remarca que Caputo y Bausili mantuvieron antecedentes de relación laboral con el banco alemán, motivo por el cual demanda esclarecer el proceso de selección directa de la entidad y los controles aplicados.
Pedidios de prueba electrónica, cooperación internacional y llamados a indagatoria
Ante la posibilidad de que la documentación digital sea alterada o suprimida, la querella justificó la necesidad del allanamiento sobre las casillas de correo de la Presidencia, el Directorio y las gerencias de Mercados, Reservas, Riesgos y Asuntos Jurídicos del Central. El requerimiento comprende el intercambio epistolar y operativo mantenido durante 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y otras firmas involucradas.
En caso de que el juzgado interviniente desestime el registro del edificio de la calle Reconquista, Dalbón requirió con carácter subsidiario una orden de presentación judicial con intimación de entrega del material contractual, el cual, según el texto de la denuncia, habría sido negado previamente a los auditores de la AGN. Asimismo, la presentación solicitó la intervención de peritos financieros de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF), la asistencia técnica de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y el posterior llamado a declaración indagatoria para los cuatro funcionarios denunciados.
