El juez federal Roldolfo Canicoba Corral procesó esta mañana al exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por supuesta "administración fraudulenta" en la causa que investiga delitos cometidos en la renegociación de la concesión de peajes, según el fallo que publicó la Agencia Télam.

El magistrado había procesado anteriormente al ex director de Vialidad macrista, Javier Iguacel, y al ex Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, ambos apuntados por haber avalado una negociación dañina para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste.

Además, en la misma causa está señalado el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al que también el magistrado Canicoba se encuentra investigando. 

Según la visión del juez, consideró que existe el grado de sospecha para indicar que los señalador participaron en la comisión de los delitos investigados por maniobras defraudatorias que provocaron en el Estado una pérdida sustancial por haber intervenido en las negociaciones y procedimientos de renegociación del contrato de concesión del acceso norte y del acceso oeste.

Dietrich está sindicado como uno de los responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Concesionario Oeste S.A. con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente, según la nota publicada en El Destape.

Según el expediente judicial, el acuerdo que habilitó la prolongación de los contratos se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que las empresas --que tenían vinculación comercial con el grupo que integraba el ex presidente-- formularan un planteo administrativo y una demanda ante el tribunal arbitral internacional CIADI, pocos días antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la jefatura del Estado.

Para los investigadores, esas dos demandas, presentadas recién después de más de 15 años de supuestos atrasos y ante un seguro cambio del signo político del gobierno, constituyeron un escenario ficticio en el cual las empresas no tenían posibilidad de imponerse, y que sirvió como excusa para que el gobierno de Macri extendiera los contratos y reconociera la supuestas deudas.

En su defensa, sin embargo, Dietrich sostuvo que le ahorró al país "un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados; bajó los intereses estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales".