Las universidades nacionales vuelven a parar este martes para que el Gobierno de Javier Milei escuche su pedido y aplique la Ley de Financiamiento que lleva más de 300 sin cumplir. El reclamo lo encabezan los docentes universitarios en rechazo a la última propuesta salarial presentada por la administración nacional en la reunión paritaria.
La medida, que será por 24 horas, fue confirmada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios y replicada por los gremios CONADU, CTERA, CONADU Histórica y UDA, entre otros quienes calificaron de “insuficiente “provocación” la oferta de aumento del Gobierno nacional elevada en la última reunión paritaria. Se suma al paro del pasado miércoles 2 de septiembre.
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“El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, indicaron desde la CONADU Histórica.
La Ley cumplirá este martes 322 días sin aplicarse, y el Gobierno hace caso omiso también de acatar la cautelar judicial, en firme tras un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que debería redundar en un “inmediato” aumento salarial de 31% a más de 300 mil docentes y no docentes de las más de 60 universidades públicas del país.
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Nuevo paro universitario
La medida afecta el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, a investigadores y a la comunidad académica en general. Los gremios remarcan que el respaldo social a sus reclamos se mantiene firme. En el oficialismo, en cambio, sostienen que los sindicatos “juegan deliberadamente” para la oposición. Argumentan que las ofertas salariales realizadas se encuentran por encima del promedio de la inflación.
Un funcionario cercano a las negociaciones aseguró que los gremios buscan desgastar al Gobierno y recrear el escenario de 2025, cuando la oposición logró mayoría en el Congreso para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario.
Con relación a la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires y ordenó al Ejecutivo Nacional ejecutar de forma inmediata las partidas previstas en la Ley.
Sin embargo, a pesar de que el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo nacional un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el oficialismo sigue sin efectivizar la normativa.
