La licitación pública por $4.000 millones para que el Banco Nación contrate vigilancia privada a una firma controlada por los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no es un caso aislado. Se suma a una trama más amplia de vínculos entre el poder político y los negocios del entorno íntimo del riojano.
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Una nueva conexión salió a la luz en Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), intervenida por el Gobierno nacional desde agosto de 2024. Allí fue contratada la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Andrés Aguirre, socio directo de Martín Menem en TR Nutrition, una firma dedicada a suplementos dietarios. Menem declaró en su última presentación patrimonial poseer el 50% de las acciones de esa empresa, cuya actividad está estrechamente relacionada con su principal negocio privado: la comercialización de productos vitamínicos y nutricionales a través de GenTech Argentina SA, compañía que lidera junto a su hermano Adrián.
HTECH Innovation fue fundada por Aguirre en abril de 2024, apenas cuatro meses después de la asunción de Javier Milei. En tiempo récord, obtuvo un contrato con Osprera para tareas de auditoría informática, bajo la gestión de la interventora Virginia Montero, designada por el Ejecutivo. A fines de ese mismo año, la firma ya había cobrado dos pagos por más de $47 millones. Hoy, según fuentes oficiales, continúa prestando servicios de migración de sistemas y desarrollo de herramientas como un chatbot para atención médica, con un contrato mensual de $16 millones.
La trama no termina ahí. Tras la salida de Montero en noviembre, la conducción de Osprera quedó a cargo de Marcelo Carlos Petroni, abogado penalista cercano al oficialismo, recomendado por Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín Menem y actual funcionario en la Secretaría General de la Presidencia.
Osprera, con 500.000 afiliados y fuerte presencia territorial, representa una de las cajas sindicales más codiciadas del país. La intervención –dispuesta por decreto 720/2024 y prorrogada por el 1054/2024– buscó desplazar a José Voytenco, dirigente chaqueño al frente de la Uatre, acusado por sectores opositores de lavado de dinero. Bajo control estatal, la obra social redujo su déficit mensual de $5.000 millones a $2.300 millones, pero mantuvo abiertas puertas contractuales para empresas vinculadas a figuras cercanas al poder.
Consultados por la periodista Maia Janstreblanky (La Nación), quién llevó adelante esta investigación, desde el entorno de Martín Menem evitaron responder sobre la contratación de la firma de su socio. En paralelo, el avance del mileísmo sobre estructuras sindicales históricas revela que, mientras se declama la casta, los negocios florecen entre amigos y familiares del círculo presidencial.
