La disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de la nueva OSFA abrieron un grave frente de conflicto que va más allá de la parálisis sanitaria.El vaciamiento efectuado en la Obra Social apunta al ex ministro de Defensa, Luis Petri.
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El diputado mendocino fue denunciado penalmente por el incremento exponencial de la deuda y por la deficiente prestación a sus afiliados. Antes de su disolución, IOSFA era la tercera obra social en importancia de la Argentina, después de PAMI y IOMA.
Mientras más de 500.000 afiliados enfrentan la suspensión de cirugías y el desabastecimiento de medicamentos oncologicos, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzaron una dura advertencia: el Gobierno nacional avanza en una estrategia de vaciamiento patrimonial para quitarle a la prestadora sus valiosos activos inmuebles y habilitar su posterior venta al sector privado.
Despojo de activos: los hoteles turísticos en la mira
El foco de la denuncia sindical se centra en una resolución del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, que ordenó quitarle a la obra social la administración de sus emblemáticos complejos turísticos y transferirlos directamente a la órbita del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. A partir del 1° de octubre de 2026, los Estados Mayores Generales tomarán el control de estas instalaciones, marginando a la entidad de salud de la gestión de sus propios bienes.
La controversia escala en torno a establecimientos históricos como los hoteles El Cóndor y Metropol, ubicados en la ciudad de Mar del Plata. Comprados originalmente con fondos propios del antiguo Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), ATE remarca que la normativa vigente —el Decreto 88/26— exige explícitamente restituir los inmuebles a la jurisdicción de origen, que en este caso corresponde a la propia OSFA.
Para la conducción gremial, el traspaso no es una mera reorganización administrativa, sino un acto de desposesión ilegal que viola el objeto social de la obra social y deja en absoluta precariedad el futuro de unos 580 trabajadores del sector turístico y recreativo.
Corte de prestaciones y crisis sanitaria como telón de fondo
Esta maniobra sobre los inmuebles se produce en el momento de mayor fragilidad del organismo. Tras acumular un pasivo consolidado de más de $213 mil millones (unos u$s145 millones), atribuible en más de un 50% a deudas acumuladas por las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería y Prefectura), el sistema de salud se encuentra virtualmente paralizado.
El impacto del desfinanciamiento y el vaciamiento ya muestra consecuencias directas en la atención diaria:
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Interrupción de cirugías: Cancelación de intervenciones programadas en centros de alta complejidad como el Hospital Militar Central y el Hospital de Campo de Mayo por falta de insumos básicos.
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Falta de cobertura oncológica: Interrupción en el suministro de fármacos críticos para pacientes graves en provincias como Entre Ríos.
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Pérdida de prestaciones federales: Afiliados del interior, como en la provincia del Chaco, se ven obligados a trasladarse a otros puntos del país solo para encontrarse con servicios médicos cerrados o restringidos.
Ofensiva sindical y reclamo en el Congreso
Frente a lo que definen como un "acto lesivo" contra los derechos de los trabajadores y los beneficiarios, representantes de ATE mantuvieron reuniones en el Congreso de la Nación con legisladores de la oposición. El objetivo es frenar la reasignación de los inmuebles ordenadas por el Ministerio de Defensa e impedir la pérdida de la infraestructura prestacional.
Desde la entidad gremial exigieron la inmediata suspensión de la medida, la preservación del destino social y recreativo de las unidades hoteleras, y el cumplimiento estricto del porcentaje de recursos destinado al bienestar integral de la familia militar y de la salud de sus afiliados.
