Mientras la Justicia investiga el caso denominado "Coimas Gate", sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, brindó algunas versiones sobre el origen de estas grabaciones que desconcertaron al gobierno de Javier Milei, en medio de una crisis sin precedentes.
Según información que brindó Ámbito Financiero, aunque el ex funcionario diera nombre, la versión mutó con el correr de las horas ante otros interlocutores del Gobierno que frenéticamente lo interrogaron. “No es la que dicen. ¿Quién me grabó? No se los voy a decir”. Esa fue la respuesta, desafiante. Fue antes de cortar los teléfonos y el diálogo con los miembros del Ejecutivo que intentaban contener la crisis.
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Esta versión encendió de furia al núcleo más cercano a Javier Milei. Los tuvo seis horas en ascuas anunciando que iba a presentar su renuncia “agotamiento moral” para “descomprimir”. Hoy reconocen que, si no hubiese habido una reacción visceral, todavía se podría estar discutiendo la veracidad de los audios. Ya nadie pone en duda su autenticidad.
El Gobierno estaba al tanto de que los audios estaban en poder del periodismo días antes. Y saben también que hay muchas más horas de diálogos en los que el ex titular del ANDIS desnuda toda clase de barbaridades que impactan en lo político, pero desnudan, también, una trama delictiva. “Era el abogado del presidente”, graficaron quienes tempranamente advirtieron que se avecinaba una crisis política de mayor alcance que el caso $LIBRA.
Cuando aparecieron audios que sugerían que la hermana del presidente también había sido grabada, se encendieron todas las alarmas y se convocó, el viernes, a un comité de crisis con todos los asesores jurídicos del Gobierno.
En simultáneo, un fallo del juez Patricio Maraniello prohibió que se difundan las grabaciones que involucran a la hermana del presidente Javier Milei y, presuntamente, reproducen conversaciones privadas dentro de Casa Rosada. La decisión se produjo luego de que el Gobierno denunciara una "operación de inteligencia ilegal".
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Problemas para Patricia Bullrich: la denunciaron penalmente por abuso de autoridad tras su pedido de allanamiento a periodistas y medios
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad, por haber solicitado allanar a periodistas y medios de comunicación “con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.
La denuncia contra la funcionaria fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, tras la presentación del Poder Ejecutivo por una violación a la Ley de Inteligencia, en el marco del supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En el escrito se sostiene que el pedido de la funcionaria es “una violación flagrante” de la libertad de expresión” porque va a contramano de los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que garantizan la protección de las fuentes periodísticas y la libertad de prensa y de expresión.
En dicha presentación realizada por Fernando Soto, el abogado del Ministerio de Seguridad, se reclama que se ordene un “allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de ‘Carnaval Stream’, disponiéndose la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material”.
Dalbón expuso hoy que dicha denuncia contra el medio de comunicación tiene “el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.
