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El Gobierno apelará el fallo que frenó la disolución de Vialidad Nacional

La Justicia suspendió por seis meses la aplicación del decreto que eliminaba el organismo. La medida fue en respuesta a una cautelar del gremio Sevina.

Jueves, 17 de julio de 2025 a las 21 35

Por Ezequiel Bucetto

Jueves, 17 de julio de 2025 a las 21:35

El Gobierno anunció que apelará la decisión judicial que suspendió por seis meses la disolución de Vialidad Nacional.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo comunicó este jueves a través de su cuenta de X, tras el fallo que hizo lugar a una cautelar presentada por el gremio Sevina.

La medida judicial ordena frenar cualquier acto administrativo derivado del decreto con el que el Ejecutivo buscaba eliminar la Dirección Nacional de Vialidad.

La Justicia estableció un plazo de seis meses para esa suspensión.

Adorni anunció que apelarán la suspensión del decreto contra Vialidad

El propio Manuel Adorni había sido el encargado de anunciar la semana pasada el cierre definitivo de Vialidad Nacional, junto a la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.

En ese momento, definió a los organismos como parte del “núcleo de corrupción en la obra pública”.

“Las funciones que cumplían serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía”, había explicado entonces el vocero, y agregó que el control de las concesiones pasará a manos de una nueva estructura: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Vialidad Nacional fue durante décadas el organismo técnico responsable de diseñar, construir y mantener la red vial del país.

Su tarea era central para garantizar la conectividad entre provincias, especialmente en corredores clave para el transporte productivo, turístico y regional.

Con la publicación del decreto, el Gobierno también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasó a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

Ahora, tras el revés judicial, el Ejecutivo adelantó que dará pel

ea para sostener el cierre, en línea con la política de “reforma del Estado” que lleva a cabo el presidente Javier Milei.

La Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional: hizo lugar a un recurso de amparo y suspendió el DNU de Milei

La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional - Casa Central (SEVINA) y suspendió el DNU de Javier Milei para disolver Vialidad Nacional. Aún resta una resolución sobre la inconstitucionalidad del decreto en cuestión, pero la medida cautelar le pone un freno a la motosierra.

La medida fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 luego de la cautelar de uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV.

La aceptación del amparo fue confirmada por la secretaria general de Sevina, Emiliana Mcnamara, quien indicó que a partir de ahora rige una medida de no innovar por la cual “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”.

“Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”, explicó la dirigente a Canal Abierto.

La Justicia falló en contra del cierre de Vialidad

La suspensión del decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte fue fundamentada en que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.

En la resolución judicial de nueve páginas a la que accedió Ámbito se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.

Además, la jueza Forns destacó que el artículo 32 del decreto cuestionado condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, en violación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional.

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